Durante años, la participación ciudadana en México fue vista como un ritual esporádico, limitado al voto cada tres o seis años. Pero en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y de fatiga democrática, los gobiernos que aspiran a ser legítimos no pueden darse el lujo de gobernar de espaldas a la sociedad. Para fortalecer la democracia no basta con abrir las urnas sino hay que abrir las puertas del gobierno a las personas.
Por eso, vale la pena observar el caso de Nuevo León, con la creación de la Secretaría de Participación Ciudadana —encabezada por Daniel Acosta— que no es un gesto simbólico, sino una decisión estratégica. Esta dependencia ha sido clave para consolidar un nuevo modelo de gobernanza en el estado, que pone a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones, por lo que hoy Nuevo León lidera a nivel nacional en cuanto a espacios participativos, con 1,297 mecanismos comunitarios activos, casi mil más que el segundo lugar en el ranking del INEGI.
Pero más allá de las cifras, el verdadero impacto se debe vivir en las calles, en las plazas, en los barrios. Los recientes encuentros ciudadanos organizados en municipios como El Carmen, la colonia CROC en Monterrey o San Bernabé no son simples ferias de servicios, son ejercicios concretos de conexión entre el gobierno y la gente. Trámites gratuitos, asesorías jurídicas, servicios de salud, afiliación a programas sociales y productos básicos a precios accesibles que han beneficiado directamente a más de 10 mil personas. Ahí donde antes había una burocracia lejana, hoy hay presencia, atención y respuesta.
Programas como “Ayudamos a Moverte”, que otorgan viajes gratuitos de transporte público, o campañas de salud como las de “Diabetes Vive Feliz”, han demostrado que la participación puede tener rostro humano y resultados tangibles. Pero ojo, que el alcance no se limita al asistencialismo. Iniciativas como “Rockeando con Valor”, dirigidas a prevenir el bullying en escuelas a través de la música y la cultura de paz, están sembrando ciudadanía desde la infancia, una apuesta a largo plazo que pocos gobiernos se atreven a hacer.
Incluso el uso de herramientas tecnológicas ha evolucionado. La línea 070, ahora reconvertida en un centro integral de atención ciudadana, atiende en promedio 75 mil llamadas mensuales, con servicios que van desde asistencia médica y psicológica hasta atención en lengua náhuatl o información sobre trámites y eventos. Así se construye inclusión, así se democratiza el acceso.
Por otro lado, la participación también se debe reflejar en el entorno urbano. El caso del Parque Ciudadano, rescatado del destino de convertirse en un estacionamiento gracias a la organización vecinal y al acompañamiento institucional, es prueba de que cuando la ciudadanía tiene voz, la ciudad cambia. Que una decisión pública se vea alterada por la voluntad comunitaria no debería ser la excepción, sino la regla.
Claro que no todo está resuelto, esto no es un comercial de campaña, sino una visión de lo que como ciudadanos debemos exigir de nuestros gobiernos. Sin embargo existen aún sectores sociales que requieren más canales, más accesibilidad, más escucha. Y en un país donde la violencia contra activistas y la simulación en las consultas públicas es una realidad, hay que seguir consolidando garantías, procesos y protección. Pero hoy, a diferencia de antes, en Nuevo León existen las condiciones institucionales para avanzar hacía este horizonte.
La participación ciudadana no resuelve todos los problemas, pero sin ella, cualquier política pública está condenada a ser impuesta, no construida. Hoy, esta visión de un gobierno que eligió abrirse en lugar de blindarse, la democracia en Nuevo León, se encamina a no ser un trámite lejano: sino una experiencia cercana, cotidiana y transformadora. En tiempos donde la ciudadanía se siente cada vez más alejada del poder, queda el mensaje claro: participar sí cambia las cosas. Y ese cambio ya comenzó.