“Y el alma le cambió,
perdió la fe
y respiró venganza cada hora, cada vez”.
Francisco Céspedes
A ver si entendí. Una visa no define a una persona. Hay criminales que la tienen y entran a Estados Unidos. Pero si Washington se la retira a Andy López Beltrán, entonces la decisión es política, injerencista y parte de una ofensiva de la ultraderecha contra la 4T.
¿En qué momento llegamos de las premisas a semejante conclusión? No llegamos. Claudia nos dejó a mitad del camino y dio el salto sola.
Eso es un paralogismo: un razonamiento que parece lógico hasta que se mira con atención. Las premisas pueden ser ciertas; el problema es que la conclusión no se desprende de ellas. Aunque se pronuncie desde Palacio. Aunque se repita en la mañanera. Aunque Morena la convierta en verdad oficial antes del desayuno.
Es cierto: tener visa no certifica honorabilidad. Tampoco perderla equivale a una sentencia. El documento solo acredita que, en algún momento, su titular superó la revisión de las autoridades estadounidenses. No garantiza siquiera la entrada. En cada cruce, un agente puede decir “usted no pasa”. Estados Unidos también puede revocarla cuando recibe información que modifica su evaluación.
Hasta ahí, ninguna dificultad entenderlo.
La maroma viene después. Según la lógica presidencial, si Estados Unidos concede una visa a un criminal, su sistema es incompetente; si se la retira a un integrante de la 4T, el gobierno gringo es persecutorio. No importa qué haga Washington: siempre se equivoca. Tampoco importa qué haga Andy: siempre es víctima.
Lo de Claudia no es un silogismo. Es una coartada con premisas.
¿Puede una visa retirarse por motivos políticos? Claro. También puede cancelarse por razones de seguridad, corrupción, vínculos inconvenientes, información falsa o datos nuevos. Para saber qué ocurrió en este caso harían falta pruebas. Justamente esas que la 4T exige a Estados Unidos mientras acusa, sin presentar una sola, a Marco Rubio, Christopher Landau y a la ultraderecha entera de conspirar contra la transformación.
La asimetría probatoria es de antología. Para sospechar de Andy se requieren expedientes, testimonios, cuentas bancarias, sentencia firme y, si fuera posible, confesión notariada. Para acusar a Washington de persecución política basta la palabra de Claudia. Las pruebas son indispensables cuando pueden perjudicar a un López; accesorias cuando sirven para defenderlo.
Una visa no prueba inocencia, dice la presidenta. Pero su revocación sí parece bastarle para probar persecución. La conclusión no salió de las premisas: venía redactada desde Palacio Nacional.
Luego está la injerencia. Retirar una visa no es, por sí mismo, intervenir en México. Estados Unidos decide quién puede llegar a su frontera, del mismo modo que México determina a qué extranjero admite. Nos puede gustar o no. Puede parecernos justo, arbitrario, ominoso o descortés. Sigue siendo una facultad del país que expidió el documento.
Injerencia sería utilizar la visa para imponer decisiones al gobierno mexicano, alterar una elección o condicionar la política interna. Curiosamente, quien sí pidió la intervención directa de Donald Trump fue Andy: le escribió para que corrigiera la decisión, le devolviera la visa y actuara contra los funcionarios estadounidenses a quienes responsabiliza.
El gobierno de Estados Unidos no puede intervenir contra un López, pero un López sí puede pedir al presidente de Estados Unidos que intervenga a su favor. La soberanía también tiene apellidos.
Faltaba la transparencia. Claudia exige que Washington revele las pruebas contra Andy y explique públicamente la cancelación. Solo hay un pequeño inconveniente: los expedientes consulares estadounidenses son confidenciales. Una revocación no es una acusación penal ni una sentencia que el Departamento de Estado tenga que publicar. La ley le ordena reservar la información que la 4T le exige divulgar.
No deja de ser enternecedor que semejante reclamo provenga del régimen que desapareció al INAI y entregó sus funciones a una dependencia del Ejecutivo. El gobierno responde las solicitudes sobre el gobierno y otra oficina del gobierno revisa si el gobierno respondió bien. La transparencia dejó de tener árbitro. Ahora tiene jefe.
Es el mismo movimiento que escondió contratos, costos y expedientes del Tren Maya y otras obras bajo el manto multiusos de la “seguridad nacional”. Cuando la Suprema Corte invalidó aquel blindaje, López Obrador publicó otro decreto. Insistir nunca les ha faltado. Transparentar, algunas veces sí.
Para conocer las razones de Washington sobre una visa expedida por Washington, apertura absoluta. Para conocer en qué gastó el gobierno mexicano el dinero de los mexicanos, seguridad nacional. La confidencialidad es inadmisible cuando protege un expediente estadounidense; cuando protege las cuentas de la 4T se llama soberanía.
Así queda completo el paralogismo: una visa no acredita inocencia; perderla tampoco acredita culpabilidad; Estados Unidos no puede revelar las razones por las que la retiró; luego entonces, la cancelación fue política y Andy es víctima.
No. La confidencialidad no demuestra persecución. Demuestra confidencialidad. El silencio de Washington tampoco prueba una conspiración. Aunque en Palacio estén empeñados en convertir la falta de información en la prueba reina de que todos persiguen a la familia.
Llamémoslo paralogismo si suponemos que Claudia cayó involuntariamente en su propio razonamiento. Si conoce la trampa y aun así pretende venderla como lógica, entonces se llama sofisma.
Ella sabrá cuál ofreció. Nosotros ya sabemos para quién.
Giro de la Perinola
La visa, dice Claudia, no define a nadie. Pero retirársela a Andy le bastó para definir a todos los culpables: la ultraderecha, Marco Rubio, Christopher Landau y quienes se acumulen esta semana. En Palacio las pruebas sobran cuando la conclusión viene de familia.
Washington debe abrir el expediente confidencial del hijo del expresidente. Los contratos del Tren Maya, los costos de las obras militares y las cuentas de la 4T pueden esperar. Transparencia para Andy; seguridad nacional para los mexicanos.