Evaluar es un proceso fundamental en todos los aspectos de la vida pública, y particularmente en el escenario educativo. Reza una frase que dice que solo se mejora lo que se puede evaluar. Suscribo.

En ese sentido, la evaluación educativa representa un acto a través del cual podemos identificar logros y retrocesos de la política educativa, es una oportunidad para generar diagnósticos oportunos que permitan la toma de decisiones adecuadas para atender debilidades y mejorar fortalezas.

Los países más avanzados han encontrado en esta lógica la forma para salir adelante día con día, a partir de evaluarse y retroalimentarse de manera propositiva, sustantivamente en el plano de la educación.

En México esto no ha sido así, la evaluación como una etapa de la administración pública ha sufrido un desgaste profundo derivado de un estigma de origen, pues tan solo la mención de la palabra se ha visto como una invasión a la intimidad entre otras cosas.

Los mexicanos, por razones culturales, de idiosincrasia, no nos sentimos cómodos con rendir cuentas, transparentar nuestras acciones y mucho menos en ser juzgados sobre ellas.

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Infortunadamente, legislaciones como la derogada Reforma Educativa de 2013 abonaron a la satanización de la evaluación educativa en el entorno magisterial, al grado que hoy el gremio sigue usando discrecionalmente el calificativo “punitivo” cuando se refiere al tema.

Y aunque la Reforma Educativa de 2019 eliminó del texto constitucional esta condición en los procesos de evaluación magisterial, y estableció que ésta sería voluntaria y contextualizada, el problema no se resolvió del todo, tanto para la evaluación docente como para la evaluación sistémica de la educación.

Veamos.

En este último escenario, la actual administración cometió un error mayúsculo, al sustituir al antiguo Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), cuyo trabajo como sus resultados están siendo cuestionados. Tanto así que el propio presidente ha planteado su desaparición.

Si bien, el INEE tuvo el infortunio de surgir en el entorno político neoliberal, es de reconocer que realizó una tarea profesional, con investigaciones vanguardistas que desvelaban, pero sobre todo divulgaban, los aspectos más importantes de la dinámica educativa, permitiendo a cualquier persona -sin necesidad de ser académico- conocer objetivamente las necesidades y propuestas para el desarrollo del Sistema Educativo Nacional.

Situación similar sucedió con la sustitución del Servicio Profesional Docente (SPD) por la Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros (USICAMM). Ciertamente, el SPD no operó apropiadamente por condiciones políticas adversas, pero no tuvo los yerros técnicos y operativos que ha mostrado la USICAMM, que se desvinculó de los objetivos que la vieron nacer.

Más allá de representar a una institución que fomentará el reconocimiento hacia el magisterio y contribuir a su profesionalización, la USICAMM representa ahora el principal obstáculo para el sector, y de la misma manera que MEJOREDU, distintas fuerzas magisteriales están exigiendo su desaparición.

Ante tales circunstancias, la Dra. Claudia Sheinbaum advirtió una revisión profunda de los mecanismos de la USICAMM, lo que evidencia los yerros en la política de evaluación de esta administración educativa.

Por todo lo anterior, resulta plausible la determinación de mantener a México en el modelo de evaluación internacional PISA. Deja ver que en educación se requieren decisiones más técnicas que políticas.

PISA es una evaluación internacional altamente reconocida por sus mecanismos y alcances, pero sobre todo por los resultados que han permitido a varias naciones atender su sistema educativo en función a las recomendaciones que surgen de dicho proceso.

Sea cual fuere su origen, quienes estamos inmersos en el hecho educativo sabemos que toda evaluación brinda información importante para la toma de decisiones. Incluso cuando algunas tienen ciertos sesgos políticos o intereses comerciales, también ayudan a ver aspectos que muchas veces pasan desapercibidos.

Analistas y especialistas prestigiosos coincidieron en la necesidad de continuar en PISA, sobre todo ante la ausencia de instituciones evaluadoras de la política educativa nacional, como ya se ha dicho. Quien escribe se sumó a este clamor y celebra a la vez la determinación del presidente de continuar como país suscrito a la afamada evaluación.

Es importante hacer votos porque las autoridades educativas y particularmente las candidaturas presidenciales fijen postura respecto a los nuevos desafíos de la evaluación y la investigación educativa en México.

Confiamos particularmente en que el proyecto de la Dra. Sheinbaum, por tratarse de una política venida de la cuna de la academia, así lo hará y presentará una propuesta de evaluación e investigación educativa de alta envergadura que tanta falta nos hace a las y los mexicanos.