Hay países que entienden la soberanía como una línea dibujada en un mapa. Otros la entienden como una responsabilidad permanente con su gente. México tiene hoy la oportunidad de decidir de cuál de los dos quiere ser.
La muerte de 17 mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos no es solamente una noticia internacional. Es un recordatorio de que la nacionalidad no se pierde al cruzar una frontera y de que la obligación de un Estado tampoco debería hacerlo. Durante décadas hemos escuchado que los migrantes son héroes porque sostienen buena parte de la economía nacional con las remesas que envían a sus familias. Los aplaudimos cada vez que se rompen récords históricos en el dinero que llega desde Estados Unidos, celebramos que millones de hogares sobrevivan gracias a ese esfuerzo y reconocemos que, sin ellos, muchas regiones del país tendrían una realidad mucho más complicada. Pero el reconocimiento no puede limitarse a las cifras.
Un mexicano no vale por los dólares que envía. Vale por el simple hecho de ser mexicano. Y esa diferencia cambia completamente la discusión. Cuando un connacional muere bajo custodia de otro Estado, el asunto deja de ser únicamente migratorio. Se convierte en un tema de derechos humanos, de responsabilidad internacional y, sobre todo, de dignidad nacional.
No importa si el migrante cruzó con documentos o sin ellos. No importa cuál era su situación jurídica. Ninguna condición migratoria cancela el derecho a la vida ni al trato digno. Los derechos humanos no se someten a revisión en una aduana. A veces olvidamos que la fortaleza de un país no se demuestra cuando protege a quienes viven dentro de sus fronteras. Eso es lo mínimo que debe hacer cualquier gobierno. La verdadera prueba llega cuando uno de los suyos enfrenta una injusticia a miles de kilómetros de casa y espera que su nación no lo abandone.
Los grandes países entienden perfectamente ese principio. Estados Unidos moviliza toda su estructura diplomática cuando un ciudadano suyo enfrenta problemas en el extranjero. Israel ha construido buena parte de su política exterior bajo la premisa de que ningún israelí está solo en cualquier lugar del mundo. Francia, Reino Unido o Japón hacen exactamente lo mismo. No es nacionalismo. Es responsabilidad de Estado. México debería aspirar al mismo estándar. No porque ello implique romper la relación con nuestro principal socio comercial ni convertir un hecho lamentable en un conflicto diplomático permanente. Al contrario. Las relaciones sólidas entre naciones se construyen cuando existe la confianza suficiente para exigir explicaciones, pedir justicia y defender principios sin poner en riesgo la cooperación. La amistad entre países no puede significar silencio cuando están de por medio vidas humanas.
También hay una reflexión que debemos hacer hacia adentro. Si millones de mexicanos siguen encontrando en otro país las oportunidades que aquí no pudieron construir, entonces la migración seguirá siendo una necesidad antes que una elección. Ningún muro resolverá eso. Ninguna redada cambiará esa realidad. La solución comienza dentro de México. Sin embargo, mientras ese día llega, hay una obligación que no admite demora.
Cada mexicano que vive fuera del territorio nacional debe tener la certeza de que su país lo seguirá considerando suyo. Que los consulados no son simples oficinas administrativas, sino la extensión de la República. Que la bandera tricolor no termina donde termina el mapa. Las fronteras dividen territorios, pero no deberían dividir responsabilidades.
Porque la grandeza de una nación no se mide únicamente por el tamaño de su economía, por el número de tratados comerciales que firma o por el peso de su influencia internacional. Se mide, sobre todo, por la manera en que defiende a los suyos cuando más lo necesitan. Ahí comienza el verdadero patriotismo. Y ahí también comienza la verdadera soberanía.