Mientras dormíamos, léase, mientras la opinión pública y el país entero esperaban noticias sobre el estado de salud del presidente AMLO, la Cámara de Diputados, con su maquinaria avasalladora, aprobó el martes pasado una serie de leyes con una velocidad inusitada, violando el derecho parlamentario, sin permitir la discusión en el pleno y apenas siendo analizadas por las comisiones respectivas.
Estas leyes han sido enviadas al Senado; Cámara que deberá dictaminar, realizar modificaciones, o en su caso, aprobar o desechar los instrumentos enviados desde la Cámara Baja. Se espera, al menos en el interior de los círculos más optimistas, que los senadores, a diferencia de los diputados, acaten las normas procedimentales, justifiquen sus decisiones y actúen como un órgano responsable del Estado mexicano.
Uno de las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados hace dos días ha sido denominada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Este nuevo instrumento jurídico contempla, entre otros asuntos, la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El lector recordará que este organismo ha sido históricamente el pilar fundamental para la investigación en México, contribuyendo mediante becas y financiamiento a investigadores, a la construcción de una base sólida para el avance científico.
Según ha trascendido, y en opinión de personajes avezados en materia de investigación como el diputado Juan Carlos Romero Hicks (quien fungió, en tiempos de Felipe Calderón, como director General del propio Conacyt) la nueva ley prevé la centralización en la toma de decisiones en seno del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
En opinión de los analistas, esta nueva función centralizadora hará que sea el propio Estado mexicano, a través del nuevo organismo, quien decida la dirección de la ruta de investigación de los estudiosos, en vez de que sean ellos mismos que, con su experiencia y conocimientos, escojan la materia objeto de su investigación. En otras palabras, la nueva ley elimina la libertad de los investigadores y entrega al Estado mexicano la facultad para dilucidar las materias y rutas de investigación.
En adición a otras premisas, la nueva ley contempla igualmente la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en la junta de gobierno –máximo órgano director- del nuevo organismo. Dicho de otra forma, a partir de ahora, una vez promulgada la polémica ley, dos representantes de la rama militar del Estado mexicano (uno de Sedena y otro de la Marina) tendrán voz y voto en las decisiones que involucran la dirección estratégica del Consejo.
Esta disposición atizará la polémica en torno al controversial involucramiento de las Fuerzas Armadas en las tareas del Estado mexicano; ahora, también, en materia de investigación científica.
En suma, el destino inmediato de la investigación científica en México recae ahora en el Senado de la República. La 4T, a pesar de contar con los votos incondicionales de sus apocados legisladores, quienes fungen más como oficialía de partes de Palacio Nacional que como representantes de la nación, ha encontrado una mayor oposición en la Cámara Alta. Esperamos, pues, que los senadores, con el prestigio de su investidura, detengan el retroceso de las libertades y de la investigación científica en nuestro país.