“La prensa quizá no consiga decirle a la gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente al decirle sobre qué pensar”.
Bernard C. Cohen, The Press and Foreign Policy, 1963
México tiene una novedosa modalidad de gobierno: la política pública por acuse de recibo. Esto es, primero ocurre la amenaza, la extorsión, la contaminación o la pérdida económica; después actúa Estados Unidos, siendo uno de los afectados; enseguida se publica allá en medios; más tarde nos enteramos acá y, cuando el periodicazo nacional e internacional adquiere tamaño suficiente para atravesar las puertas de Palacio Nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum descubre milagrosamente el problema, despliega efectivos, convoca reuniones y anuncia una “estrategia integral” que, por alguna extraña razón, siempre comienza después del escándalo…
Bernard Cohen formuló uno de los principios clásicos de la teoría de la agenda: la prensa no necesariamente indica qué pensar, pero sí sobre qué pensar. La 4T ha perfeccionado la idea: necesita que los periódicos estadounidenses le indiquen sobre qué gobernar. Si el aviso llega en inglés, la reacción es todavía más rápida. ¿Será que la soberanía se entiende mejor cuando viene subtitulada?
Esta vez el periodicazo llegó en forma de aguacate. Estados Unidos suspendió las inspecciones indispensables para exportar a su país el fruto desde Michoacán después de emitir una alerta por amenazas contra sus intereses. Sin inspectores del Departamento de Agricultura estadounidense no hay certificación y, sin ella, el llamado oro verde puede ser muy verde, muy mexicano y muy mamado, pero no cruza la frontera.
No hizo falta un embargo, un arancel ni otra diatriba de Donald Trump: bastó retirar a los funcionarios estadounidenses para que una cadena comercial de miles de millones de dólares quedara detenida.
Entonces ocurrió el milagro. El gobierno mexicano, que durante años no encontró suficientes soldados, guardias, policías ni capacidades para proteger a productores, empacadores y transportistas locales, desplegó más de 1,500 efectivos en las zonas aguacateras de Michoacán. Había que resguardar huertas, empaques y rutas de exportación. Aplausos, actuaron.
La pregunta incómoda es qué tuvo que pasar para que lo hicieran. Los aguacateros llevaban años denunciando extorsiones; los limoneros, bloqueos; los transportistas, asaltos; los alcaldes, amenazas; las comunidades, desapariciones y asesinatos. Nada de eso consiguió movilizar al Estado con semejante rapidez. Pero Estados Unidos detuvo las inspecciones y la patria apareció, uniformada y en formación…
No es la primera vez. En 2022 se suspendieron las exportaciones por amenazas contra un inspector estadounidense; en 2024 dos empleados del USDA fueron retenidos y agredidos; en 2026 vuelve a interrumpirse el mecanismo. Tres episodios en cuatro años ya no constituyen una contingencia: conforman un sistema. El sistema consiste en dejar crecer el problema mientras sus costos sean mexicanos y enfrentarlo solamente cuando la violencia interfiere con el comercio estadounidense. Feo, feo.
La soberanía de la 4T funciona de manera selectiva. Se invoca con furia para responder declaraciones, rechazar observaciones internacionales o convertir cualquier crítica en intervencionismo. Pero desaparece discretamente cuando toca garantizar seguridad, sanidad, legalidad y libre tránsito dentro del territorio nacional. Mucho discurso sobre no subordinarnos al extranjero y, al final, es una decisión extranjera la que determina dónde y cuándo despliega México a sus fuerzas federales.
El episodio tampoco puede reducirse a “la violencia en Michoacán”, ese eufemismo geográfico que permite hablar de muertos sin mencionar victimarios. El narco dejó hace mucho de ser solamente un traficante de drogas. Se convirtió en autoridad económica. Cobra por sembrar, cosechar, empacar, transportar y vender; decide quién trabaja, quién circula, cuánto paga y hasta qué producto resulta más rentable extorsionar. El cártel no está junto a la cadena productiva: forma parte de ella.
Benjamin Lessing, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, define la gobernanza criminal como la imposición de reglas o restricciones de conducta por parte de una organización delictiva. No se requiere que el Estado desaparezca completamente. Basta con que, aun estando presente, permita que otro poder establezca normas, cobre cuotas e imponga castigos. Y luego no quieren que les digamos narcopartido…
En amplias regiones mexicanas, el productor paga impuestos a Hacienda, sostiene a toda la base de la economía informal y financia el pago del derecho de piso al crimen organizado; obedece la regulación formal para exportar y la regulación criminal para sobrevivir. Dos autoridades lo gobiernan, pero solo una responde con puntualidad.
Vadim Volkov llamó “empresarios de la violencia” a quienes transforman la coacción en un servicio económico: venden protección frente a la amenaza que ellos mismos representan. En Michoacán, el crimen organizado ha llevado el modelo a su grado más eficiente. No necesita apropiarse de todas las huertas; le basta con gravarlas. No necesita exportar cada aguacate; cobra por dejarlo salir.
Mientras el Estado mexicano recauda a través de leyes, los grupos criminales recaudan mediante listas, amenazas y cadáveres. La diferencia no es que uno cobre y el otro no, sino que el segundo ofrece consecuencias más inmediatas.
Guillermo O’Donnell describió como “zonas marrones” aquellos territorios donde la legalidad estatal se aplica de manera tenue, intermitente o arbitraria y convive con poderes privados. La paradoja michoacana es casi perfecta: las zonas más verdes de México son, políticamente, zonas marrones… y electoralmente guindas. El Estado llega para la fotografía, para el operativo temporal o para restablecer las exportaciones; el crimen permanece cuando se retiran las cámaras. Uno despliega. El otro gobierna.
Y a los aguacates se sumaron las lechugas. La FDA ordenó retirar del mercado estadounidense lechuga iceberg procedente de Taylor Farms de México, en Guanajuato, por su posible contaminación con Cyclospora. El brote alcanzó 15 estados. Un parásito microscópico consiguió poner bajo revisión internacional una cadena agroalimentaria que las autoridades mexicanas debieron vigilar antes de que el producto llegara a las mesas estadounidenses…
Después aparecieron los jalapeños de Sinaloa vinculados con un brote de Salmonella Javiana: 345 enfermos en 27 estados y 36 hospitalizados hasta el 5 de agosto. Chipotle y QDOBA retiraron el producto involucrado y cambiaron de proveedor.
Aguacates paralizados por la violencia, lechuga retirada por un parásito y jalapeños con salmonela: la ensalada completa. Solo falta que algún ideólogo de Morena denuncie un complot culinario contra la transformación… Yo lo habré dicho primero, que conste.
Pero el gusano barrenador completa el menú. Contrario a lo que festivamente se anunció desde Palacio, Estados Unidos NO ha reabierto plenamente su frontera al ganado mexicano. El proceso será gradual, condicionado y, si no vuelve a cambiar el calendario, comenzará el 24 de agosto únicamente por Douglas, Arizona. Santa Teresa y Columbus siguen pendientes; el resto de los cruces permanece cerrado. Los ganaderos acumulan pérdidas mientras el gobierno mexicano acumula mesas de trabajo, reuniones bilaterales y comunicados. Cada quien produce lo que puede.
No todos los ingredientes tienen la misma causa, pero sí comparten la misma “cocina”. Sería absurdo culpar al narco por una bacteria o confundir extorsión con contaminación sanitaria. Lo común es algo más profundo: un Estado que perdió la capacidad de anticipar, supervisar y proteger cadenas productivas estratégicas. En el aguacate falla la seguridad; en la lechuga y el jalapeño, la vigilancia sanitaria; en el ganado, la contención zoosanitaria. Cambia el producto, pero la fragilidad institucional ahí está.
Del otro lado de la frontera tampoco existe ese campo abandonado a las fuerzas puras del mercado que imagina la propaganda oficial mexicana. Estados Unidos, país neoliberal cuando conviene denostarlo y socio indispensable cuando urge venderle, prevé otorgar en 2026 unos 44,300 millones de dólares en pagos directos a sus productores agrícolas, 45% más que en 2025. A ello se agregan 12,000 millones de dólares en apoyos extraordinarios frente a distorsiones comerciales. En México, los productores reciben programas asistenciales fragmentados, financiamiento insuficiente, infraestructura deteriorada, vigilancia sanitaria cuestionable y la atención personalizada del cártel correspondiente.
El problema del campo mexicano no es exclusivamente presupuestal. También es de autoridad. Un subsidio no sirve de mucho si parte de la ganancia termina en manos de quien controla la carretera; una certificación sanitaria pierde valor si los mecanismos de supervisión fallan; un récord exportador se vuelve rehén cuando la seguridad de los inspectores depende de que el crimen organizado tenga una semana tranquila.
Por eso el despliegue de 1,500 elementos no resuelve el problema: confirma la acusación. Demuestra que el Estado tenía capacidad para actuar, pero necesitaba una presión externa para utilizarla. La ausencia previa no era estrictamente incapacidad; era selección de prioridades. Mientras las víctimas eran mexicanas, se administraba la crisis. Cuando el afectado fue el comercio con Estados Unidos, se movilizó al Ejército.
En Washington también entendieron hace tiempo que el narco no consiste solo en hombres armados. El Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra 65 familiares, socios y colaboradores vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de recompensas superiores a cien millones de dólares. Podrá discutirse el alcance real de esas medidas, pero al menos reconocen que el poder criminal es una red financiera, familiar, empresarial y política de Morena. En México todavía fingimos que se trata de sujetos desadaptados que ocasionalmente perturban la paz de comunidades por lo demás felices…
Al gobierno de Sheinbaum le gusta hablar de las causas, pero gobierna mediante consecuencias. No evitó que las regiones productoras fueran sometidas por la extorsión; reaccionó cuando se suspendió el aguacate. No detectó primero los riesgos sanitarios; respondió después de las alertas estadounidenses. No protegió oportunamente la exportación ganadera; negocia una reapertura condicionada después del cierre. Y es que la prevención no produce conferencias espectaculares. El periodicazo, en cambio, permite anunciar operativos.
Y ese es el verdadero peligro: no solo estamos perdiendo mercados, ingresos y reputación sanitaria. Estamos subcontratando la alarma del Estado mexicano. Estados Unidos identifica el riesgo, fija el costo y activa la respuesta; México despliega funcionarios para atender la consecuencia. La agenda agropecuaria nacional termina dictada desde el exterior no por una conspiración imperial, sino por la renuncia doméstica a gobernar antes del desastre. Gracias, 4T.
El campo mexicano produce aguacates, limones, lechugas, jalapeños, ganado y frutos rojos. El gobierno produce comunicados. El crimen organizado produce obediencia. Y Estados Unidos produce los periodicazos que, de vez en cuando, consiguen que la administración de Claudia Sheinbaum recuerde que la soberanía nacional también implica ejercer autoridad dentro del propio territorio.
Giro de la Perinola
Que la presidenta no coma aguacate: hace daño cuando se consume enojada. Y razones para estarlo le sobran, rodeada de un equipo mediocre y de gobernadores de cuarta… transformación.
Aunque quizá convenga servirle la ensalada completa: aguacate michoacano, lechuga de Guanajuato y jalapeño sinaloense. Si la violencia, los parásitos y la salmonela no provocan una reacción, siempre quedará envolver el plato en un ejemplar de algún periódico estadounidense.
A ver si así se lo come.