En los últimos días, se ha observado un patrón preocupante en el sistema judicial. Algunos jueces parecen estar avanzando rápidamente en casos que habían estado estancados durante mucho tiempo, justo antes de dejar su cargo. Esto ha generado sospechas sobre las motivaciones detrás de estas acciones.
Estas resoluciones más que impartir justicia, parecen estar diseñadas para proteger a personajes emblemáticos de la corrupción y el abuso de poder. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, magnate televisivo y evasor serial de responsabilidades fiscales ha recibido fallos sospechosamente favorables en momentos clave.
Algunos jueces parecen estar movidos por el interés personal y el deseo de enriquecerse. Otros jueces pueden estar sujetos a presiones para tomar decisiones que beneficien a ciertos grupos o individuos.
Con la reforma judicial en puerta como medida necesaria para terminar con el cacicazgo de unos cuantos jueces y magistrados, parece que algunos integrantes de la judicatura están acelerando su agenda de impunidad. Es como si, ante la inminente llegada de un sistema que podría terminar con sus privilegios y opacidad, decidieran repartir los últimos favores a sus aliados políticos y económicos.
Salinas Pliego, quien por años ha evadido el pago de impuestos y ha operado bajo un modelo de explotación laboral, obtiene amparos que le permiten seguir eludiendo sus obligaciones y pudiendo excluirlo de la aplicación de leyes financieras. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya alertó al respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiriendo que sería “un precedente funesto y un acto de favoritismo”.
La reforma judicial llega en un momento necesario, urge desmantelar este sistema que premia a los corruptos. Mientras tanto, cada fallo sospechoso debe ser recordado como lo que es: el último estertor de una estructura podrida que, antes de caer, intenta salvar a los suyos.