La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de derechos de las audiencias forma parte de una cadena de reformas que, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han otorgado al gobierno mayores controles.
La propuesta obliga a cada concesionario de radio y televisión a emitir un código de ética y financiar, al menos, un defensor de las audiencias. Además, establece sanciones por la difusión de “noticias falsas” o por presentar información del pasado como actual.
La pregunta es: ¿quién determinará qué noticia es falsa? ¿Con qué criterios? ¿Qué autoridad decidirá cuándo una información es verdadera y cuándo debe ser sancionada?
La respuesta está en la discrecionalidad que el propio gobierno ha construido mediante una serie de reformas aprobadas en los últimos años.
La discusión actual tiene su origen en aquella frase que AMLO convirtió en sello de su administración: “Yo tengo otros datos”.
La pronunció el 20 de junio de 2019, cuando periodistas cuestionaban las proyecciones económicas de organismos nacionales e internacionales que advertían un bajo crecimiento y una caída en la generación de empleos. Entonces respondió que respetaba la opinión de los expertos, pero que él tenía otros datos.
Aquella expresión se convirtió en doctrina política. Durante todo su sexenio fue utilizada para desacreditar estadísticas oficiales, organismos autónomos, especialistas, medios de comunicación y cualquier información que contradijera la narrativa gubernamental.
Desmantelamiento de los contrapesos
Para garantizar la permanencia de esos otros datos, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum impulsaron una serie de reformas que modificaron profundamente el sistema institucional encargado de generar, verificar y transparentar la información pública.
El cambio más profundo ocurrió con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo que garantizaba el derecho ciudadano a conocer la información gubernamental.
Sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. El resultado es un evidente conflicto de interés: ahora el propio gobierno decide qué información de su administración puede hacerse pública y cuál permanece reservada.
Algo similar ocurrió con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones fueron transferidas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En el marco de la nueva Ley de Telecomunicaciones también se plantearon disposiciones que facultarían a esa agencia para suspender plataformas digitales por presuntos delitos o incumplimientos administrativos.
Pero la estrategia no se limitó a modificar las leyes, también establecieron una estrategia de estigmatización de la información contraria al interés gubernamental.
Durante el sexenio de López Obrador se creó la sección “Quién es quién en las mentiras” y, con la llegada de Claudia Sheinbaum, surgió el llamado “Detector de Mentiras”. Aunque no constituyen reformas legales, ambos espacios institucionalizaron un mecanismo permanente para descalificar información periodística y convertir la versión de la mañanera en la única verdad aceptable.
Mientras tanto, organizaciones civiles y consultoras independientes se avocaron al ejercicio contrario: verificar las afirmaciones presidenciales.
El monitoreo más conocido fue el elaborado por SPIN, Taller de Comunicación Política, dirigido por Luis Estrada. Al concluir el sexenio de AMLO documentó más de 110 mil afirmaciones falsas, engañosas o no comprobadas pronunciadas durante mil 438 conferencias mañaneras.
El riesgo de la verdad única
Otra de las reformas aprobadas faculta al gobierno para promover la anulación de procesos electorales cuando se acredite la existencia de injerencia extranjera en una elección.
La redacción de la reforma abre la puerta para que, una opinión publicada por un medio internacional, una organización de derechos humanos o una columna periodística pueda ser utilizada como argumento de Morena para cuestionar la legitimidad de un proceso electoral.
Cada reforma puede parecer técnicamente justificable, pero, observadas en conjunto; la desaparición de organismos autónomos, la concentración de funciones en dependencias del Ejecutivo, el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la descalificación permanente de la prensa crítica y la posibilidad de sancionar contenidos bajo el argumento de combatir las noticias falsas, delatan un camino que conduce a regímenes autoritarios.
No comienzan prohibiendo todos los medios de comunicación, primero desacreditan, eliminan árbitros concentran el control de la información y terminan construyendo una verdad oficial.
Y todo empezó con los otros datos.
X: @manuel_díaz