“La violencia no siempre nace del cálculo; muchas veces nace del orgullo herido”.
René Girard
Durante años hemos hablado del “autor intelectual” de un crimen como si se tratara de un estratega brillante. Casi imaginamos a un personaje frío, sofisticado, capaz de mover piezas como un ajedrecista. La realidad mexicana suele ser bastante menos romántica.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habría sido ordenado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, integrante del CJNG, porque se sintió “provocado” por el edil.
Confieso que la explicación me parece perfectamente verosímil.
Desde este punto de vista, lo verdaderamente inquietante no es creerla, sino lo que revela.
Resulta que el llamado “autor intelectual” no actuó movido por una gran estrategia política, una disputa ideológica o un complejo plan criminal. Bastó un ego lastimado. Bastó sentirse exhibido por una autoridad municipal que hacía exactamente aquello para lo que fue electa: señalar delincuentes.
¡Qué frágiles resultaron los verdugos!
Pueden secuestrar, extorsionar, asesinar, cobrar “derecho de piso” —que de derecho no tiene absolutamente nada—, sembrar terror durante años y controlar regiones enteras. Pero un alcalde no puede llamarlos por su nombre porque entonces se sienten ofendidos.
Y cuando se ofenden… matan.
No estamos, pues, frente a una inteligencia criminal extraordinaria. Estamos frente a una organización cuyo mayor ejercicio intelectual consiste en decidir quién vive y quién muere dependiendo de su estado de ánimo.
Eso debería estremecernos mucho más que cualquier expediente judicial, ya que descubrimos que buena parte del país NO vive bajo el imperio de la ley, sino bajo la estabilidad emocional de delincuentes armados.
Quizá alguien debería recetarles un antidepresivo. Durante años se acostumbraron al “abrazos, no balazos”. Ahora parece que tampoco toleran una crítica pública.
Pero hay otro detalle que inquieta aún más. La palabra utilizada para explicar el móvil fue “provocación”.
Y las palabras nunca son inocentes… Esto es: si bien no creo que Omar García Harfuch pretendiera justificar absolutamente nada, el uso del término desplaza, aunque sea involuntariamente, el centro de gravedad de la historia. Ya no hablamos únicamente del homicida. Comenzamos a preguntarnos qué hizo la víctima.
Es el mismo mecanismo psicológico que aparece una y otra vez cuando se normaliza cualquier violencia: primero escuchamos que “no debió hacerlo”; después, que “se lo buscó”; finalmente, que “era inevitable”. El responsable permanece siendo el asesino, pero la conversación empieza a girar alrededor de la conducta del asesinado.
Hace apenas unos días escribía sobre el gobierno de los eufemismos. Sobre cómo el Metro no se cae: “presenta un incidente”. Las refinerías clandestinas dejan de ser ilegales para convertirse en “centros de procesamiento”. El Tren Maya no se descarrila: simplemente “se desplaza de los rieles”.
Ahora aparece otra palabra peligrosa. Provocación. Peligrosa no porque absuelva al criminal, sino porque modifica el encuadre moral del crimen.
Y todo esto conduce a una pregunta mucho más profunda. ¿Quién gobernaba realmente Uruapan? ¡¿Quién al país?!
Si un presidente municipal puede “provocar” a un jefe del CJNG, entonces ambos estaban disputándose algo más que un territorio. Estaban disputándose autoridad. Ese es el verdadero drama.
Hay municipios donde el crimen organizado dejó hace mucho de comportarse únicamente como una organización delictiva para convertirse en un poder público de facto. Decide quién puede cobrar, quién puede abrir un negocio, quién puede hacer campaña, quién puede vivir… y quién debe morir.
El Estado llega después… Después del asesinato. Después de la captura. Después de la conferencia de prensa.
La detención del R1 merece reconocerse. Sería absurdo minimizarla. Pero tampoco debería cerrar el expediente político del caso. Tiene razón la viuda de Carlos Manzo, quien ha pedido investigar posibles vínculos políticos.
No afirmo que existan. Sería irresponsable hacerlo. Lo que sí pregunto es por qué tantas investigaciones en México parecen detenerse justo antes de llegar a las redes GUBERNAMENTALES que permiten operar al crimen organizado.
Acabamos de descubrir enormes refinerías clandestinas. Hace unas semanas aparecieron buques completos cargados con huachicol. Con frecuencia encontramos bodegas, laboratorios, arsenales, túneles, millones de litros de combustible…
Y, sorprendentemente, casi nunca aparecen todos los responsables que necesariamente hicieron posible esas operaciones. Eso también debería llamarnos la atención.
Pero regreso al origen… Si el alcalde terminó enfrentando directamente al CJNG, la pregunta verdaderamente incómoda es por qué un presidente municipal tuvo que ocupar un espacio que correspondía al Estado mexicano.
Ya lo he dicho: cuando el Estado renuncia, alguien ocupa el vacío. Siempre.
Todos los titulares celebran la captura del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo. Yo escribiría otro:
En México hemos comenzado a considerar normal que un presidente municipal pueda entrar en conflicto directo con uno de los cárteles más poderosos del país… y que el cártel se considere con autoridad suficiente para castigarlo.
Ese es el retrato de un Estado que, en demasiadas regiones, dejó de monopolizar la fuerza… y empezó a compartir el poder con quienes jamás debieron tenerlo.