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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), público hace unos días que México fue el país de los 38 que integran ese organismo con la menor captación de ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que podría considerarse como una llamada de atención para llevar a cabo una reforma hacendaria que contribuya a obtener una mayor cantidad de recursos y solventar de mejor manera el presupuesto federal.
La información preliminar del documento “Revenue Statistics 2023″ señaló que la recaudación de impuestos de México descendieron el año pasado a 16.9% del PIB desde 17.3% registrado en el 2021, en contraste con el promedio de los países miembros de esa organización que fue de 34 por ciento; sin embargo, en los cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación la captación de ingresos tributarios han crecido en comparación de pasadas administraciones y sin aumentar las tasas impositivas ni los precios y servicios que están a cargo de la administración de la federación.
La caída en los ingresos tributarios en México como proporción del Producto Interno Bruto fue consecuencia de los estímulos fiscales sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas.
Debido al incremento de los precios internacionales del petróleo a causa de la invasión rusa en Ucrania, los costos de las gasolinas y el diésel aumentaron por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que acrecentar los estímulos fiscales sobre el IEPS a los combustibles llegando a cubrir hasta 100% del impuesto durante gran parte del año pasado y así cumplir la promesa de esta administración de no subir los precios de los energéticos a los consumidores y tratar de frenar la espiral inflacionaria.
El subsidio fiscal a las gasolinas y diésel, a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, costó al erario 373 mil millones de pesos el año pasado, lo que dio como resultado que, por primera vez en dos años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incumpliera con las metas de recaudación programadas.
Aunque el IEPS es el de menor peso entre los tres principales impuestos, su caída fue suficiente para que disminuyera la recaudación y opacara los incrementos del impuesto sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), ambos con cifras superiores a las proyectadas en la LIF.
Durante los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó 16% real la recaudación de impuestos frente a igual periodo de la administración de Enrique Peña Nieto.
El pasado mes de septiembre el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino informó que “los ingresos tributarios recaudados entre 2019 y agosto de 2023 ascendieron a 16.9 billones de pesos, un monto 16% superior en términos reales, a lo recaudado en los primeros cinco años de la administración anterior”.
El titular del SAT ha dicho que “se ha logrado que la recaudación tributaria cobre mayor relevancia en la proporción total de ingresos que se consideran en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), porque en el sexenio anterior este rubro representó en promedio 47.5% del total de ingresos del gobierno federal”; en el gobierno de la Cuarta Transformación prevé que esta proporción registre un promedio de 56 por ciento al término del sexenio.
La tasa impositiva que se le cobra a los contribuyentes por parte de la actual administración federal no ha variado en casi nada con lo que se hizo en el sexenio pasado y hasta la forma de proporcionar estímulos fiscales a los consumidores es muy similar, sin embargo, en el gobierno actual no hay condonaciones fiscales a grandes contribuyentes como se hizo la administración de Enrique Peña Nieto y la supervisión es más estricta y eficiente que antes por lo que ahora la recaudación es mayor.
Los ingresos tributarios han sido suficientes para incrementar el gasto social en 2022, la administración actual continuó aumentando los recursos que se destinaron a la protección social. De los 7.56 billones de pesos que se ejercieron el año pasado, 1.50 billones se destinaron a la protección social, es decir, 20 de cada 100 pesos que se gastaron se fueron a este rubro, todo esto sin recurrir a más préstamos.
Si bien es cierto que el gobierno de la Cuarta Transformación ha solventado el aumento en el gasto social, con los ingresos tributarios actuales este rubro se incrementara más en los próximos años, por lo que sería conveniente elaborar una reforma hacendaria no tanto para subir los impuestos sino para aumentar la base de contribuyentes.
En el segundo trimestre de este año, la tasa de informalidad laboral en México fue de 51.4% es decir un poco más de la mitad de los empleos de la Población Económicamente Activa (PEA) no son formales por lo que estos trabajadores no están tributando al fisco, pero tampoco tienen esta seguridad social ni cuentan con pensiones cuando termine su ciclo laboral.