La aprobación de la ley de Ingresos dominó la agenda legislativa de los últimos días, reiterándose los planteamientos que soportan la visión del gobierno sobre el desarrollo del país; no obstante, estar reiteradamente desacreditados por la realidad.
Una de las imputaciones más severas proviene de algunas de las calificadoras crediticias más importantes en el plano internacional, y que ya advirtieron sobre el riesgo de que el país pierda el famoso “grado de inversión”, lo que de ocurrir significaría, de inmediato, un encarecimiento del crédito para el país y una elevación del costo del servicio de la deuda, entre otros graves efectos.
El nudo que genera el persistente déficit en las finanzas públicas, el endeudamiento consecuente, la falta de crecimiento económico, la informalidad de la economía y la consolidación del régimen autoritario, postula un obstáculo infranqueable para superar la situación que se enfrenta.
Se apuesta a que algunos de los elementos de esa ecuación puedan moderarse paulatinamente, como ocurre con el déficit y el consecuente endeudamiento del país; se supone que esto ocurrirá merced a una mejora de la recaudación, a una estricta disciplina financiera, mayor inversión mixta, así como a una mejor expectativa de crecimiento.
Pero hay una tendencia que apunta en dirección inversa amenazando con embestirnos. Como se ha dicho, la luz al final del túnel parece ser el de una locomotora que viene presurosa en sentido en contrario y que no tiene indicios de frenar y detenerse: las presiones del gasto son crecientes y el espacio fiscal para atenderlas se reduce, al tiempo que se profundizan los rasgos autoritarios del régimen político en una perspectiva que se combina y entreteje con el populismo.
Así sucede con las llamadas obras emblemáticas que siguen generando importantes cuestionamientos financieros que se traducen en la demanda de subsidios y de condiciones de operación peculiares; la contracción del gasto en rubros como el de la salud, reporta ya niveles de alarma en cuanto a la operación de los hospitales, su equipamiento, la dotación de medicamentos, el surtimiento de materiales básicos y el pago del personal, especialmente de médicos y enfermeras que demandan mejores percepciones y mayores plazas.
Los requerimientos de Pemex siguen siendo muy altos y se arrastran adeudos importantes para el pago de proveedores, y no se advierte que las presiones para canalizar más recursos por parte del gobierno para apoyar a esa empresa se relajen; la necesidad de mejorar la operación de las policías pasa, necesariamente, por un mayor gasto en ese renglón, y el deterioro del medio ambiente reclama inversiones importantes para la reparación de daños y para mejorar la prevención.
La transición hacia un futuro que ya nos toca la puerta está olvidado, y no se formulan respuestas que permitan vislumbrar capacidad frente a un cambio demográfico que apunta a un envejecimiento de la población y a una reducción de los jóvenes, con un índice que ya no cubre el reemplazo poblacional. Por lo pronto, en el campo ha envejecido de forma abrupta la población que se dedica a la producción agropecuaria.
Mientras todo eso domina nuestro contexto dentro de un marco internacional complejo e incierto, el gobierno apuesta a asfixiar nuestra capacidad fiscal, sin modificar sus fundamentos, de modo de mantener un alto gasto mediante el costo de las transferencias monetarias y de los programas sociales, y sin admitir mediciones para evaluar, medir y evitar distorsiones generadas por la falta de evaluaciones rigurosas de los proyectos de inversión, así como del control y transparencia sobre actividades ilegales como las del huachicol, que demandan acciones severas de carácter judicial.
Resulta evidente que se mira hacia el plazo inmediato, y se deja la atención a lo mediato fuera de foco. La prioridad de la coyuntura domina y conlleva a que se omitan los aspectos trascendentes. En efecto, lo urgente suple a lo importante; en ello se encuentra, desde luego, el dominio que impone la agenda electoral del 2027; el gobierno, es evidente, busca llegar a esa frontera de tiempo en condiciones propicias para mantener su narrativa para vender una imagen de éxito.
Dentro de esa fórmula, el oficialismo se muestra atrapado en el ciclo que abrió de cara a las elecciones de 2024, hacia la canalización de un alto gasto para generar una percepción de bonanza, justificado con un alto endeudamiento para terminar las obras emblemáticas, pero, al mismo tiempo, como una medida para dispersar recursos y generar un humor social positivo de cara a los comicios; desde entonces el endeudamiento no ha podido contenerse, y apenas se ha moderado en un bajo nivel.
Cobra auge la fórmula de endeudamiento sin crecimiento que, como se sabe, es una ecuación para generar una apariencia de bonanza que después se tendrá que pagar con impuestos por parte de las siguientes generaciones; así, estamos inmersos en una etapa populista que plantea la ilusión de un presente venturoso a costa de hipotecar el futuro, mientras se desmantela y degrada la estructura que planteaban la fortaleza del Estado de bienestar, como lo son las instituciones de salud y de educación, que ahora se pretende compensar su deterioro con las transferencias monetarias.
La estrategia del gobierno se encuentra atrapada en la lógica de un populismo neoliberal que endeuda, que simula prosperidad, que desmantela las instituciones del Estado de bienestar y que, a través de eso, impulsa la privatización de los servicios médicos y de la educación.
El populismo neoliberal domina al gobierno comprometiendo el futuro del país.