Nada más no entendemos. Con todo lo que está pasando hay quienes todavía creen que con discursos populistas, slogans pegajosos y demagogia se resolverán las cosas. Para muestra, la presentación de las leyes secundarias a la reforma energética, una verdadera tomadura de pelo.
Aunque el diagnóstico de la crisis energética es demoledor, luego de seis años perdidos en el desarrollo energético, con el marco legal que propone el actual gobierno muy difícilmente se recuperará.
El retroceso continúa
El gobierno de la república presentó un paquete de reformas a la Ley de la Empresa Pública del Estado, CFE y Pemex, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles, la Ley de Geotermia, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, así como diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Pura retórica. En la exposición de motivos se regresa a la perorata lopezobradorista de los “otros datos” y falseando la realidad, afirma que la reforma constitucional en materia energética de 2013 “representó una falsa ilusión de libre competencia, beneficiando únicamente a empresas privadas extranjeras y perjudicando el acceso a la electricidad como un servicio público. Esta reforma priorizó un desarrollo meramente económico”.
Miente y más cuando acusa que los gobiernos anteriores a 2018, “endeudaron a Pemex a más del doble, la producción petrolera cayó a niveles alarmantes, lo que llevó a México a convertirse en importador de crudo ligero y combustibles refinados entre 2021 y 2018″.
La presidenta lo reafirma al destacar que las reformas “fortalecen a las empresas públicas del Estado, dan orden y certeza a los agentes privados, aumentan las capacidades de seguimiento de los participantes, [y] mejoran la regulación desde un enfoque técnico”.
Lamentablemente la premisa es falsa, retórica y demagógica y lo peor, es condescendiente con AMLO a pesar de que heredó al actual gobierno unas finanzas públicas muy debilitadas.
Deudas inmanejables
Durante la pasada administración se desplomó la producción de Pemex a niveles de 1978, los ingresos petroleros cayeron 72% (527 mmdp) frente a 2018 y se colocaron en 203.9 mmdp, el peor nivel del que se tenga registro desde 1990. La deuda de Pemex con proveedores y contratistas ronda los 25 mmdp mensuales y la cifra acumulada supera los 400 mil millones de pesos, según lo indicó Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC).
En condiciones muy similares la CFE., Manuel Bartlett la dejó envuelta en la corrupción, ineficiencia y un enorme déficit en generación por la falta de inversión, obsolescencia de la red y demora en la entrada en operación de algunas centrales.
Para entender la gravedad del problema, durante el pasado sexenio aumentó significativamente la pobreza energética, es decir, en 2018 la cobertura de la CFE alcanzaba a más del 97% de la población, pero al final de 2024, más del 15% de la población, cerca de 20 millones de personas, pasaron a los parámetros de pobreza energética. Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México, Clima y Energía, precisó que para 2022, 45 mil localidades estaban sin energía.
Para enfrentar el alto déficit en generación, la idea que plantea el gobierno, quizá para no lesionar los intereses de AMLO y el clan, es suplirlo con inversiones de PYMES y a través de generación distribuida (techos solares en casas), en otras palabras, el regreso a las mal calificadas sociedades de autoabasto.
Por cierto, tampoco quedaron claras las reglas para la participación del sector privado, sobre todo en temas de generación de energías renovables, transmisión, almacenaje y en sectores como los biocombustibles.
Dice en la iniciativa que habrá más supervisión de la participación privada, pero no establece cómo, ahora que eliminaron las reglas, normas y organismos como la CRE y la CNH dejando todo en una absoluta discrecionalidad e incertidumbre jurídica.
La rectoría cuatrotera
La rectoría del Estado en la 4T se ha caracterizado por discrecionalidad y falta de supervisión, resultando en fracasos como Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA. Un ejemplo de alianzas opacas fue la asociación entre CFE y TC-Energy en el gasoducto de Tuxpan a Dos Bocas, beneficiando a funcionarios ahora refugiados en Veracruz. Sin recursos ni transparencia para la inversión privada y con la reforma al poder judicial limitando garantías, el próximo sexenio se perfila como oscuro, con inseguridad jurídica que ahuyentará inversiones y afectará al nearshoring.
X: @diaz_manuel