La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es el organismo encargado de vigilar el desempeño del sector bancario y bursátil de México, tiene una asignatura pendiente en lo que se refiere a la regulación y sanciones para la empresa financiera, especializada en créditos automotrices, Auto Ahorro Automotriz, mejor conocida como Planfía, que desde hace años ha realizado operaciones que están fuera de la ley en detrimento del sistema financiero del país así como de clientes e inversionistas.
Planfía, que otorga créditos para la adquisición de autos de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi y Mercedes Benz y que ha emitido deuda de corto plazo en el mercado de valores mexicano, estaba ya en la mira de las autoridades y era investigada desde el 2018 por presunto fraude por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La empresa especializada en otorgamiento de créditos para la adquisición de automóviles está constituida como una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), que tiene por objeto promover la captación de recurso, así como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general.
En octubre de 2014, la intermediaria financiera automotriz Planfía recabó 750 millones de pesos con la venta de un bono a cinco años.
El título o certificado bursátil, que vencía el 14 de octubre de 2019, pagaría un interés anual sobre su valor nominal de 1.8 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.
La empresa colocó 750 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores por medio de certificados bursátiles, vinculados a los derechos de cobro de los créditos automotrices.
Pese a las dudas que se tenían con la información que había entregado la SOFIPO a las autoridades de la CNBV y la propia Bolsa Mexicana de Valores, el bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Standard & Poor’s, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de la agencia calificadora.
La empresa especializada en créditos automotrices coloco dos emisiones más y siguió levantando dinero de los inversionistas.
En agosto de 2017 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público detectó anomalías en la colocación de 750 millones de pesos por parte de la intermediaria financiera automotriz, cuando dos ciudadanos se quejaron de que Planfía pretendía cobrarles créditos automotrices que nunca contrataron.
Según la denuncia de Hacienda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el 27 de noviembre de 2017 Estefanía Salinas González y David Sosa enviaron un correo electrónico al buzón de quejas y denuncias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La CNBV ordenó a finales del 2017 una visita de inspección a Planfía donde le solicitaron toda su cartera de créditos, incluidas las solicitudes de los clientes y sus identificaciones, los respectivos expedientes, pagarés, datos del vehículo, facturas y los registros bursátiles de 2015 a 2017.
La autoridad bancaria en aquel momento advirtió que existía un fideicomiso que había sido constituido para bursatilizar los derechos de cobro de los créditos que otorgaba Planfía a sus clientes, para financiar la compra de vehículos.
En el Fideicomiso F/2909, Planfía y Financiera Planfía fungían como fideicomitentes y fideicomisarios; Banco Invex, como fiduciario y fiduciario emisor; y CI Banco, como representante común de los tenedores.
Agustín Sen Severo, comisario y auditor externo de Planfía, en ese entonces reveló que la empresa había reportado créditos inexistentes, es decir, que los derechos de cobro que se habían bursatilizado no tenían ningún soporte. No había clientes que estuvieran pagando sus créditos para adquirir un vehículo Chrysler.
El director financiero reconoció que todo lo que había bursatilizado en la emisión de 2016 y las revolvencias del 2017 eran cartera inexistente, es decir, que los créditos registrados como garantía eran inexistentes y engañaron a los auditores, a los tenedores, a los accionistas, a la CNBV y a los consejeros.
Para febrero de 2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó e inhabilitó a tres altos ejecutivos de la empresa financiera, especializada en créditos automotrices, Auto Ahorro Automotriz, por haber divulgado entre inversionistas información falsa sobre su situación financiera.
La CNBV reveló que el director general de la empresa de ese entonces José de Jesús Venegas Blancarte, el director de administración y finanzas Oscar Eduardo Urbina Pérez y el asesor jurídico Alfredo Medina, cometieron diversas violaciones a la ley tras divulgar información falsa de la compañía que podría inducir “al error al público inversionista”.
La autoridad reguladora calificó como grave, las operaciones de la intermediaria financiera automotriz y por ello impusieron a Venegas Blancarte dos multas por un total de 10 millones 363 mil pesos.
En el caso del director general de Planfía, las multas se deben no solo a que divulgó información falsa, sino que además realizó operaciones que contravienen la “normatividad aplicable”.
Por su parte, para Urbina Pérez y Medina la multa impuesta sumó 10 millones 80 mil pesos para cada uno por violar la Ley del Mercado de Valores con una práctica también descrita como grave.
La acusación de distribuir información falsa se suma a los problemas financieros de Planfía que incluso llevaron a las autoridades de la Bolsa Mexicana de Valores a suspender la cotización de los tres bonos de corto plazo que tenía en circulación la empresa por no entregar a tiempo su situación financiera al mes de octubre del 2017. La suspensión inició el 24 de noviembre de ese mismo año.
La situación de la SOFIPO es muy grave y amerita que la CNBV, que actualmente es presidida por Jesús de la Fuente Rodríguez, retome el caso y se establezcan normas efectivas para regular a Plafía y no se permita que engañen a inversionistas y clientes.
No solo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene que estar más atento ante estas malas prácticas, también la Secretaria de Hacienda así como la Bolsa Mexicana de Valores y las calificadoras deben de aumentar la efectividad de la supervisión de los entes financieros para prevenir posibles fraudes.