Un gobierno no pierde autoridad cuando reconoce que una decisión debe corregirse. La pierde cuando, aun frente a argumentos sólidos, insiste solamente para no admitir que pudo equivocarse. Gobernar no consiste en acertar siempre; consiste también en escuchar, revisar, ajustar y, cuando sea necesario, rectificar. Eso es justamente lo que deja como enseñanza la modificación de los lineamientos sobre derechos de las audiencias: después de semanas de polémica, miles de observaciones y advertencias sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, la autoridad redujo el alcance de su intervención, acotó las sanciones y eliminó disposiciones particularmente controvertidas. La discusión no era menor, porque desde el inicio existía una preocupación legítima: que bajo una intención formalmente correcta —proteger los derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión— pudiera abrirse la puerta a mecanismos de vigilancia, presión o autocensura sobre periodistas y medios.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo desde principios de agosto que no existía intención de censurar y que los lineamientos no facultaban al Estado para determinar qué era verdad o mentira, aunque también reconoció que podían adecuarse para hacerlos más claros. Eso último terminó siendo lo importante, porque más allá de la intención declarada, en democracia importa también cómo puede operar una norma, qué margen deja a la autoridad que deberá aplicarla y qué efectos puede generar sobre quienes están sujetos a ella. Una regla puede haber sido concebida sin propósito censor y, sin embargo, producir autocensura si su redacción es ambigua, si las facultades administrativas son demasiado amplias o si quienes deben cumplirla sienten que una opinión incómoda podría terminar sometida al juicio de un funcionario.
Por eso resultó relevante que hubiera consulta y que la autoridad no tratara las críticas simplemente como resistencia política. Hubo miles de observaciones y una parte importante expresó preocupación por posibles afectaciones a la libertad de expresión. La versión final redujo la intervención del organismo regulador a supuestos más específicos y dejó claro que no corresponde a la autoridad revisar contenidos, decidir líneas editoriales o determinar la veracidad de las noticias. Eso es positivo y hay que decirlo. Así como se critica cuando una autoridad se excede, también corresponde reconocer cuando escucha y corrige.
En México existe una mala costumbre política: considerar que rectificar equivale a admitir debilidad. Muchos gobiernos prefieren defender durante meses una mala decisión antes que aceptar públicamente que debe modificarse. Se confunde firmeza con obstinación y autoridad con infalibilidad. Pero ningún gobierno serio puede conducirse bajo la idea de que todas sus decisiones son necesariamente correctas simplemente porque provienen del poder.
La realidad siempre es más compleja que cualquier oficina. Una política pública puede haber sido diseñada con buena intención y producir efectos inesperados; una ley puede tener vacíos; un reglamento puede generar incentivos equivocados; una institución puede interpretar de manera excesiva una facultad y un servidor público puede aplicar una disposición de forma mucho más dura de lo que imaginaron quienes la redactaron. Ahí aparece una obligación democrática elemental: revisar.
Hace unas semanas señalábamos precisamente un riesgo adicional: muchas veces los excesos no necesariamente nacen de una orden directa de la cabeza del gobierno. En la administración pública ocurre con frecuencia que funcionarios de segundo, tercero o cuarto nivel interpretan que defender al régimen significa ser más duros que el propio régimen. Es aquello que en México suele resumirse con una expresión popular: a veces son más bravos los tenejales que la cal. Un funcionario quiere demostrar eficacia y se excede; otro pretende quedar bien con su superior y aplica una disposición con mayor severidad; otro supone que proteger al gobierno significa silenciar una crítica que nadie desde arriba ordenó silenciar. Y aparece entonces uno de los personajes más peligrosos de cualquier burocracia: el tonto con iniciativa.
Por eso una buena legislación no puede depender solamente de la buena voluntad de quienes hoy ocupan el poder. Tiene que estar diseñada también para limitar al funcionario que mañana quiera excederse. Esa era una de las objeciones centrales en el caso de los derechos de las audiencias. Nadie discute que las audiencias tengan derechos. Los tienen y deben poder exigirlos. Es razonable que los medios cuenten con códigos de ética, mecanismos para recibir quejas y defensores de audiencias. La Constitución reconoce el derecho de las personas a acceder a información plural y oportuna, y durante años ha existido discusión sobre cómo garantizarlo de manera efectiva. Lo que no resulta razonable es que, para proteger al ciudadano frente a un medio, terminemos colocando al periodista frente al funcionario.
El derecho de las audiencias debe permitir reclamar frente a un medio cuando se incumplen procedimientos, se vulneran derechos o no existen mecanismos para escuchar al público. Pero no debe transformar a una autoridad administrativa en árbitro de enfoques editoriales, opiniones, interpretaciones o contextos. La información no es una ciencia exacta. Dos periodistas pueden observar el mismo hecho y destacar aspectos diferentes; un comentarista puede interpretar una decisión de gobierno de manera favorable y otro considerarla equivocada; un medio puede priorizar un dato y otro colocar uno distinto en la portada. Eso es pluralidad. El Estado debe garantizar que exista espacio para esa diversidad, no determinar cuál interpretación merece considerarse correcta.
Por eso fue acertado eliminar conceptos ambiguos que podían abrir espacio a valoraciones administrativas sobre el contexto de una información. El contexto es fundamental en periodismo, pero convertirlo en una obligación susceptible de valoración oficial habría planteado una pregunta imposible de resolver objetivamente: ¿quién decide cuándo existe suficiente contexto? Un reportaje de cinco mil palabras puede omitir algo, una nota de treinta segundos necesariamente selecciona, un editorial argumenta desde una perspectiva y una entrevista depende de las preguntas que se formulen. Pretender establecer desde una autoridad cuál es el contexto suficiente conduce inevitablemente a un terreno resbaladizo.
La mejor protección frente a información incompleta no es un funcionario corrigiendo al periodista. Es más información, más medios, más voces, más capacidad del ciudadano para comparar y mecanismos claros para exigir derecho de réplica o presentar una queja cuando realmente corresponda. La rectificación de los lineamientos ofrece además una enseñanza mayor que trasciende este asunto: las consultas públicas sirven cuando pueden modificar algo. Si se convocan únicamente para cumplir un requisito mientras la decisión ya está tomada, terminan convertidas en simulación. En este caso hubo observaciones y la versión final cambió aspectos relevantes. Eso le da sentido al mecanismo.
Ojalá ese principio se extendiera a muchas otras políticas. Escuchar no significa gobernar mediante encuestas. Un presidente, un gobernador o un legislador fueron elegidos precisamente para tomar decisiones y asumir responsabilidades. No pueden someter cada asunto a votación cotidiana. Pero entre gobernar obedeciendo cualquier presión y gobernar ignorando todo cuestionamiento existe un espacio enorme llamado deliberación. Una democracia funciona mejor cuando el poder explica por qué decide, escucha argumentos, distingue entre crítica fundada y simple oposición y modifica aquello que puede mejorarse. Eso no disminuye autoridad; la legitima.
De hecho, uno de los mayores errores de la política contemporánea consiste en creer que reconocer una equivocación destruye liderazgo. Ocurre exactamente lo contrario cuando la rectificación es seria. La ciudadanía sabe que los gobernantes son seres humanos y pueden equivocarse. Lo que genera desconfianza es observar cómo se intenta justificar lo injustificable únicamente para no admitir un error. La fortaleza no consiste en decir siempre “yo tenía razón”, sino también en poder decir “esto puede hacerse mejor”. Y Claudia Sheinbaum puede sacar una conclusión valiosa de este episodio. Desde el principio defendió que no existía intención de censura y, al mismo tiempo, abrió la puerta a precisar los lineamientos. Finalmente, el organismo regulador terminó acotándolos. Esa combinación es preferible a cerrar filas alrededor de una propuesta original solamente porque provenía del propio aparato gubernamental.
No significa que desaparezcan todas las preocupaciones. Habrá que observar cómo se aplican las nuevas reglas, porque los textos jurídicos pueden parecer impecables hasta que empiezan a interpretarse. También deberá vigilarse que los defensores de audiencias mantengan independencia, que las sanciones se utilicen exclusivamente en los supuestos establecidos y que ninguna autoridad intente reconstruir por vías administrativas facultades que fueron eliminadas del documento. La libertad de expresión nunca queda definitivamente asegurada. Se protege todos los días y se protege particularmente frente al poder, cualquiera que sea el partido que lo ejerza.
Eso también debería comprenderlo la oposición. Defender la libertad de expresión no puede depender de quién ocupa la presidencia. Quien hoy denuncia un posible intento de censura debe estar dispuesto mañana a defender a un periodista que critique al gobierno con el que simpatiza. Los principios valen cuando incomodan a los propios. De otra forma solamente son instrumentos partidistas. Lo mismo ocurre con el derecho de las audiencias. No pertenece al gobierno ni a los medios; pertenece a los ciudadanos. Un medio responsable debe aceptar que su audiencia tiene derecho a reclamar y obtener respuesta, pero el ciudadano también tiene derecho a recibir opiniones que le desagraden, críticas que le molesten y análisis con los que esté profundamente en desacuerdo.
El derecho a la información no es derecho a escuchar únicamente aquello que uno considera correcto. Una democracia necesita ciudadanos capaces de enfrentarse a ideas distintas y medios suficientemente libres para expresarlas. Aquí hay otra lección que conviene subrayar: la regulación no siempre tiene que responder a un problema mediante más poder gubernamental. A veces la mejor solución consiste en exigir transparencia, procedimientos y responsabilidad dentro de las propias instituciones. Que un medio publique su código de ética, que tenga un defensor de audiencias, que reciba quejas, que responda y que explique fortalece al ciudadano sin convertir al Estado en editor. La diferencia es enorme.
En México hemos padecido durante demasiado tiempo gobiernos que intentaron influir sobre medios mediante publicidad, concesiones, favores, presiones fiscales, amenazas o simples llamadas telefónicas. Sería ingenuo pensar que esas prácticas pertenecen definitivamente al pasado. Cambian los mecanismos, cambian las tecnologías y cambian los gobiernos, pero la tentación del poder de controlar el relato permanece. Por eso toda regulación relacionada con información debe analizarse con especial cautela. No porque los medios sean intocables. No lo son. Los periodistas también se equivocan, los medios pueden actuar irresponsablemente y existen intereses empresariales detrás de muchas decisiones editoriales. Deben recibir críticas, rectificar errores y responder frente a abusos. Pero la solución a un medio poderoso nunca debe ser un gobierno todavía más poderoso.
El equilibrio democrático consiste en que nadie concentre suficiente capacidad para decidir unilateralmente qué puede decirse y qué no. Las audiencias protegen sus derechos mediante información, pluralidad, competencia, mecanismos de réplica y organismos que hagan cumplir procedimientos claros; los periodistas protegen su libertad mediante leyes que limiten la intervención del Estado; y el gobierno protege su legitimidad aceptando que será criticado, incluso injustamente algunas veces. Ese es el precio de ejercer el poder en democracia. Quien ocupa un cargo público tiene más instrumentos para responder que cualquier ciudadano. Puede ofrecer conferencias, publicar información, desmentir datos y defender sus políticas. Lo que no debería hacer es utilizar la capacidad regulatoria del Estado para inclinar la conversación a su favor.
También por eso es saludable que haya existido polémica. Las instituciones democráticas no se fortalecen porque todos callen. Se fortalecen cuando alguien advierte un riesgo, otros lo discuten y finalmente se modifica aquello que podía causar problemas. Ese proceso puede ser incómodo, pero la democracia también lo es. Gobernar entre ciudadanos libres siempre será más complicado que gobernar entre obedientes. La alternativa sería mucho peor.
El episodio de los derechos de las audiencias debería convertirse entonces en precedente positivo, no porque todo haya quedado perfecto, sino porque hubo capacidad de corrección. México necesita mucho más de eso. Cuando una política no funciona, hay que modificarla; cuando una obra resulta más costosa de lo previsto, hay que explicarlo; cuando una reforma genera consecuencias no anticipadas, debe corregirse; cuando una autoridad secundaria se excede, hay que detenerla; y cuando la sociedad presenta argumentos razonables, el poder debe escucharlos aunque provengan de quienes políticamente le resultan incómodos.
No todo cuestionamiento es conspiración, no toda crítica pretende destruir al gobierno y no toda rectificación representa derrota. A veces gobernar mejor comienza precisamente aceptando que otro tenía un punto válido. Eso debería ser normal en una democracia madura. El problema es que hemos convertido la política en una competencia permanente por demostrar quién jamás se equivoca. Gobierno y oposición suelen defender posiciones absolutas, incluso después de que los hechos las contradicen. El resultado es una discusión pública donde cambiar de opinión parece traición y reconocer una razón al adversario se considera debilidad.
Tenemos que abandonar esa lógica. Un gobierno fuerte no es aquel que nunca rectifica; es aquel que puede hacerlo sin perder rumbo. Una oposición responsable tampoco es la que exige que toda corrección termine en renuncias o escándalo, sino aquella capaz de reconocer cuando una decisión mejora. Y una sociedad democrática debe premiar más la capacidad de corregir que la terquedad disfrazada de firmeza.
En el caso de los derechos de las audiencias, todavía habrá que vigilar la aplicación. Esa tarea corresponde a periodistas, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y, sobre todo, a los ciudadanos. Pero el ajuste realizado merece reconocerse. La autoridad escuchó críticas, el proyecto cambió, se eliminaron zonas ambiguas y se acotaron facultades. Eso no borra la polémica anterior; la convierte en útil.
Ojalá otros gobiernos —federales, estatales y municipales— entiendan la enseñanza. Gobernar no consiste solamente en decidir; también consiste en escuchar lo que ocurre después de haber decidido. Porque hay momentos en que sostener una decisión demuestra firmeza y hay otros en que únicamente demuestra terquedad. Saber distinguirlos es parte del oficio de gobernar.
Rectificar no debilita al poder cuando la corrección mejora una decisión. Lo que debilita al poder es equivocarse, saberlo y persistir solamente para no reconocerlo. Al final, la autoridad democrática no se mide por cuántas veces consigue imponer su voluntad, sino también por su capacidad para escuchar, corregir y gobernar mejor después de hacerlo.
Rectificar también es gobernar.
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