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La decisión del gobierno de la Cuarta Transformación de eliminar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha servido a la oposición y medios de comunicación para emprender una campaña de linchamiento contra la actual administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si el fideicomiso desaparecido fuera a solucionar la tragedia que provocó el huracán Otis en las costas de Guerrero.
Los adversarios al gobierno morenista no están tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con mecanismos financieros de ayuda para la reconstrucción de Acapulco, que quedo devastado por el fenómeno natural., y que se tienen recursos para reactivar la economía del puerto turístico como son los bonos catastróficos y un seguro de catástrofes.
El gobierno de la Cuarta Transformación contrato en 2020 por medio del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), la emisión de un bono catastrófico que tiene como objetivo que el país cuente con una protección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares (alrededor de 8 mil 730 millones de pesos) contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales.
El instrumento financiero “fue emitido en cuatro clases diferentes para proveer cobertura contra sismos de diferentes magnitudes y contra ciclones tropicales provenientes tanto del Atlántico como del Pacífico. Si ocurre un desastre natural que sea elegible para la cobertura, algunos o todos los recursos del bono se depositarán en el Fondo Mexicano para los Desastres Naturales”.
El bono de riesgo catastrófico entrega un monto a causa de siniestros naturales que se divide en cuatro categorías que son las siguientes: sismos clase A, con cobertura de 175 millones de dólares, para siniestros de mayores magnitudes, baja probabilidad de ocurrencia, pero con mayor impacto económico. Esta cobertura está enfocada en la zona central del país, en especial la Ciudad de México.
Los sismos clase B reciben de parte del instrumento financiero 60 millones de dólares, ya que son eventos de mayor probabilidad de que se presenten y se causan menores pérdidas económicas, este tipo de coberturas está muy enfocada a movimientos telúricos de gran intensidad en la costa del Pacífico.
Los huracanes también son contemplados para que se active el bono catastrófico, ya que para estos eventos se cuenta con una cobertura de todas las zonas costeras tanto del Océano Pacífico y del Golfo de California. Del mismo modo, se contemplan estos fenómenos naturales en el Atlántico para las zonas costeras del Golfo de México y Península de Yucatán. Ambos por 125 millones de dólares.
La devastación que provocó el huracán Otis en Acapulco ya activó la cobertura del bono catastrófico por lo que se recibirán 125 millones de dólares (aproximadamente de 2 mil 250 millones de pesos) que servirán para la reconstrucción del puerto turístico.
El pago para cubrir los daños ocasionados por Otis debe de ser inmediato porque se cumplieron los criterios paramétricos de localización y severidad establecidos en los términos de los bonos. El pago será realizado por el BIRF al FONDEN a través de la intermediación de Swiss Reinsurance Company Ltd y Agroasemex, S.A.
En un principio el bono de riesgo catastrófico fue un instrumento diseñado en el gobierno de Vicente Fox por tecnócratas del ITAM el cual consistía en una mezcla de ingeniería financiera y la especulación en los mercados de valores internacionales. En un principio este esquema tuvo graves deficiencias lo que lo volvió un recurso costoso y muy poco efectivo durante los gobiernos neoliberales del 2000 al 2018, pero, en la actual administración estas deficiencias se han subsanado lo que lo hace un esquema eficaz que ayudara a que se levante ese punto turístico de Guerrero.
Una investigación periodística elaborada por Quinto Elemento Lab, la revista Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad arrojan que entre 2007 y 2017, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron 270 millones de dólares en primas y cuotas de bonos catastróficos con lo que se financiaba el Fonden; sin embargo, sólo recibieron 200 millones de dólares de estos instrumentos; ese dinero no alcanzó para cubrir las pérdidas generadas por los desastres que se atendieron ese periodo.
El funcionamiento del instrumento de riesgo catastrófico funciona cuando la SHCP hace, a través de un intermediario financiero y con la asesoría del Banco Mundial, una oferta privada de bonos. Los inversionistas extranjeros emiten un seguro con los papeles de deuda emitidos por México.
De no cumplirse los criterios del contrato de magnitud del fenómeno natural o de ubicación sobre el pago que se hizo cuando se emitieron los bonos el gobierno de México no recibe nada y, además, pagaba a los inversionistas una prima de millones de dólares extraídos de los recursos del Fonden.
La primera emisión de un bono catastrófico se hizo en 2006 y la persona encargada de llevar a cabo el lanzamiento fue José Antonio González Anaya, y la supervisión correspondió al egresado del ITAM Francisco Gil Diaz que en ese entonces era el titular de la Secretaría de Hacienda. En esta primera emisión solo se contemplaron los movimientos telúricos de gran intensidad y no los huracanes u otro tipo de fenómenos naturales por lo que el instrumento no pago nada por la gran inundación que se presentó Tabasco en 2007, que dejó un saldo 500 mil víctimas y miles de personas sin casa.
La segunda emisión del esquema financiero para casos de catástrofes por fenómenos naturales se hizo en 2009 y le correspondió al entonces secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, Agustín Carstens y en esa ocasión el también economista egresado del ITAM incluyó ya los huracanes para ciertas zonas del país.
El lanzamiento de la segunda emisión de instrumentos financieros de bonos catastróficos no estuvo exento de sospechas de corrupción ya que el gobierno de México contrató a la firma Goldman Sachs para colocar el bono entre inversionistas cuando el director general de ese organismo para México era Martin Werner hermando de Alejandro Werner que en ese entonces era subsecretario de Hacienda, lo que constituye un claro ejemplo de conflicto de intereses.
La emisión hecha por el gobierno calderonista de instrumentos catastróficos que abarco del 2009 al 2012 fue la más costosa ya que según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad “el costo total de las primas fue de al menos 110 millones de dólares”; sin embargo, en ese periodo hubo grandes tormentas y huracanes que azotaron el país como fue la tormenta tropical Alex, que dejo miles de damnificados en el Golfo de México, o el huracán Karl que azotó Veracruz, y dejó a su paso una devastación enorme en la zona, y la tormenta tropical Matthew que ingresó a territorio nacional por Quintana Roo y provocó grandes daños, pero el mecanismo financiero no pago nada porque no estaba en la ubicación que comprendía el contrato.
En la ocasión en que la tormenta tropical Manuel, entró por el Pacifico, el 15 de septiembre de 2013, y ese mismo día también azoto el huracán Ingrid por el Golfo de México, siendo los efectos de ambos fenómenos naturales desbastadores para amplias zonas del país, el bono no se pudo activar por no considerarse con la fuerza necesaria establecida en el contrato.
El tercer bono catastrófico fue emitido por la SHCP cuando el titular de esa dependencia era José Antonio Meade.
El gobierno de la Cuarta Transformación hizo la emisión de bonos catastróficos por 485 millones de dólares con cobertura contra pérdidas derivadas de sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024.
La emisión del bono se hizo en 2020 con vigencia de cuatro años, vence en marzo de 2024. Esta herramienta se habilitó tras la desaparición del Fonden.
El costo para el gobierno morenista del bono catastrófico y la renovación del seguro en el 2021 fue de 2 mil 800 millones pesos, según datos de la cuenta pública de hace dos años.
El año pasado la recontratación del seguro tuvo un costo de mil 115 millones de pesos, sin embargo, no hay datos del costo de la prima de esas coberturas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó hace unos días que si bien es cierto se extinguió el Fonden y se cambió la forma de manejar los recursos, “la cobertura de reserva no fue tocada. Actualmente se tienen 18 mil millones en un cajón conocido como Fonden, se cuenta con un bono catastrófico por 485 millones de dólares y además hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos, que usualmente se incluye” y 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos, que se contratan cada año.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con recursos para atender la emergencia en Guerrero y poder levantar a ese importante puerto turístico además de auxiliar a la población que fue víctima del fenómeno natural.
La oposición y los medios de comunicación hacen mal en tener una política de confrontación con el gobierno federal y querer sacar raja política aprovechando la tragedia en Acapulco, con una estrategia carroñera que no favorece a nadie.