El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el reembolso del impuesto del 1 % a las remesas en efectivo enviadas desde Estados Unidos es más que una medida económica: es un gesto de justicia y reconocimiento a millones de mexicanas y mexicanos que, desde el extranjero, sostienen a sus familias y fortalecen la economía nacional.
En un país donde las remesas superan los 60 mil millones de dólares anuales —el ingreso más importante para millones de hogares—, cualquier carga adicional sobre esos envíos se traduce en angustia familiar, en menos comida en la mesa, en un tratamiento médico que se pospone. Por eso, el nuevo impuesto aprobado por el gobierno de EE.UU., aunque reducido al 1 % tras la presión de la comunidad migrante, no deja de ser un golpe simbólico.
Pero lo que verdaderamente debe resaltarse aquí no es solo la respuesta del gobierno de México a través de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), sino la capacidad de organización y presión política de los propios migrantes. Fueron ellos, con cartas, activismo y doble nacionalidad en mano, quienes evitaron una tarifa más elevada. Una victoria cívica y transnacional que debería inspirar a otros sectores.
El reembolso anunciado no resuelve el problema estructural de fondo —la dependencia del país en las remesas como pilar económico—, pero sí ofrece un alivio directo y oportuno. Y, sobre todo, envía un mensaje claro: el Estado mexicano no puede ser indiferente ante quienes, a pesar de la distancia, siguen apostando por México cada quincena.
Ahora bien, será clave que el programa de reembolso funcione con transparencia, agilidad y sin burocracias innecesarias. No basta con el anuncio: hace falta una implementación eficaz que honre el esfuerzo de quienes cruzaron fronteras para sobrevivir… Y aún así nunca dejaron de enviar.
El 1 % no parece mucho en un cálculo frío, pero en la vida real, puede hacer la diferencia. Celebramos que el gobierno federal lo entienda así.