La lógica del poder se sobrepone a las consideraciones personales, a las coincidencias esenciales o a las convicciones ideológicas. La presidenta Sheinbaum es rehén no solo de un sentimiento de gratitud, sino de un sentido de lealtad al proyecto obradorista casi a toda costa. Ha dado pruebas sobradas, la más acabada, la destrucción del Poder Judicial Federal y de la independencia de la SCJN. La postura de inicio de la presidenta electa sobre la reforma judicial fue de prudente reserva, pronto sería desplazada por la intransigente obediencia. El costo para el país fue monumental. Desapareció el Poder Judicial como instancia para garantizar derechos, para muestra la determinación de la Corte que autorizó a la UIF bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, flagrante violación a la Constitución y que deja en estado de indefensión a los más de 70 millones de cuentahabientes bancarios.
La lealtad, el sometimiento y las fijaciones ideológicas propias se ven condicionadas por la realidad en la que se desempeña el poderoso, porque el poder tiene su inercia. López Obrador recibió un país que le concedía amplios márgenes de maniobra. De los más importantes, el descontento social y el desprestigio que por igual afectaba al PRI y PAN. Otro factor fue la economía. El objetivo del régimen “neoliberal” de conjurar la crisis y crear una sólida estabilidad macroeconómica, dio fortaleza y generó un ahorro importante. López Obrador lo dilapidó en el clientelismo electoral y en costosas obras producto del capricho, además, con elevados costos de operación deficitaria. Los programas sociales y el incremento en los salarios mínimos gracias lo emprendido en el pasado. En 2024 se incrementa el déficit fiscal y la deuda se elevó 8 puntos del PIB.
López Obrador podía plantearse metas mayores. No fue así y no hubo crecimiento; las prioridades políticas llevaron al país a una corrupción desbordada. No fue un accidente sino una decisión, como muestra el contrabando de combustibles. Peor resultó el crecimiento del crimen organizado y su inclusión en la economía y el gobierno. La situación no resistía más, el crimen organizado creció y tuvo un creciente protagonismo en la economía y en la política.
Claudia Sheinbaum rompió con López Obrador en la manera de abordar la seguridad al designar su coordinación a un civil y combatir a los criminales con determinación. Sin embargo, faltaron dos planos de acción, el de las finanzas del crimen porque la UIF se corrompió para volverla una instancia de control político y el combate a los políticos vinculados con el crimen organizado. En el primero vino corrección con la salida del comisario Pablo Gómez, en lo segundo se retrocedió aún más con la salida de Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy.
La presidenta tiene más recursos de autoridad que López Obrador, pero su situación está muy condicionada por la realidad política, económica y de seguridad del país. Poderosa, pero sin mando, porque la naturaleza del régimen cambió. Al romper con la legalidad se destruyó la base institucional que sostiene a la presidencia y al gobierno de la República. La presidenta está limitada desde muchos frentes, el de su antecesor y su grupo, pero el más pernicioso es la impunidad. Aplicar la ley es poner en jaque al régimen político por la connivencia con el crimen organizado.
En materia económica también la presidenta está obligada a modificar las definiciones de López Obrador. El tema energético es cuello de botella. Increíble que el gobierno haya comprado los activos de Iberdrola, una de las empresas más vanguardistas del mundo en generación de electricidad. El país se quedó con lo obsoleto e Iberdrola pudo invertir en innovadores proyectos en Brasil, EU y Europa. Ante el apremio, la presidenta tuvo que autorizar el fracking tan vilipendiado por López Obrador. La decisión representa una ruptura, pero no nace de la diferencia política o ideológica, sino de la necesidad que tiene el país para resolver la dependencia extrema sobre el gas de EU proveniente de Texas, producto del fracking.
Los cambios apenas inician. En materia política se avizora una disputa por las candidaturas. El PVEM va solo en San Luis Potosí y quizás en Michoacán y otras partes; el PT perfila hacer lo mismo en Zacatecas. La presidenta no pudo crear una corriente propia y su actuación será, más que todo, para mantener una unidad cada vez más ficticia, frágil y disfuncional, la que anticipa un problema mayor para la elección de 2030. En 2027 Morena sufrirá importantes descalabros, a pesar de la parcialidad del gobierno, el financiamiento ilegal, la ausencia de justicia electoral y un INE a modo.