La acepción batacazo que se entiende como golpe fuerte y estruendoso, tiene significado propio en la política, especialmente en Sudamérica, donde llega a emplearse para referir la realización de golpes de Estado. Es en ese sentido que el famoso Plan B del gobierno en materia electoral, puede percibirse con ese símil, pues desde su presentación en la Cámara de Diputados tuvo un desahogo autoritario, inconsulto y con el aval de una mayoría automática que votó su aprobación por lealtad al gobierno y sin adentrarse en la materia.
Como ninguna otra iniciativa, el Plan B del gobierno en materia electoral ha puesto en evidencia la práctica de una disciplina inmutable y sin regateo. Al final, como ya se sabe, se respaldó en la Cámara baja algo que no se sabía su contenido, por más que se tratara de la emisión de una aprobación que para expresarse requiere de conocer el dictamen a discusión; no fue así, ni siquiera pudo celebrarse la deliberación más elemental para una reforma de tal importancia y significado.
Si el salón de plenos de la Cámara de Diputados tuviera vida, sin duda que hubiera manifestado su sorpresa porque la oposición de hace algunos años -ahora gobierno-, se comportara con la actitud “disciplinada” que en antaño tanto se reclamaba a quienes se encontraban en el poder; pero, incluso, superando, con mucho, niveles de supeditación que entonces no se conocieron y que ahora llegaron a la abyección. La mayoría automática se hizo presente de forma desmedida y sin el menor asomo de vergüenza. Cuando se creyó que lo peor de las prácticas legislativas del pasado serían superadas, no se supo lo que se suponía.
De ahí que pueda definirse la reforma propuesta por el gobierno en materia electoral como un verdadero batacazo, pues porta un ADN destinado a vulnerar la solvencia del INE, especialmente en el sentido de menguar el equipo profesional encargado de la preparación y realización de las elecciones; en efecto, la estructura con la que se cuenta para llevar a la práctica tan importante tarea se pretende diezmarla de forma sensible.
La idea de profesionalizar las elecciones estuvo presente desde la reforma electoral de 1946 que creara la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, la cual constituyó el primer órgano encargado de centralizar la organización de las elecciones y que, desde entonces, fue una respuesta a los constantes reclamos por anomalías en la instalación de las casillas electorales y de quienes fungían en la directiva de las mesas correspondientes. Ahí se encuentra el primer antecedente del actual INE, pero que antes de constituirse como tal atravesó por distintas fases que supusieron la formación de la Comisión Federal Electoral y después el IFE.
Desde entonces las discusiones reiteraron sobre la necesidad de depurar los procedimientos y participación de los partidos para proveer de las mejores prácticas electorales, lo cual se correlacionó con la tarea de integrar debidamente el padrón electoral, de modo que la estación a la que arribamos con la última reforma electoral de 2014, emana de un largo aprendizaje y de un intento consistente de mejorar respuestas a los problemas detectados en un marco de generación de acuerdos que se expresaran en propuestas de modificación a las normas electorales.
Con el Plan B se pretende eliminar a las Juntas Ejecutivas Distritales en las que se asienta la organización y capacitación, fórmula que ha mostrado su pertinencia y eficacia, al tiempo que se pretende debilitar a las 32 Juntas locales. Se rompe así con una ruta de aprendizaje colectivo sobre la organización de los comicios para poner en su lugar una visión unilateral que emana desde el gobierno y que pretende instaurarse al margen de los acuerdos que antes se acostumbraron con las distintas fuerzas políticas.
El batacazo electoral es un hecho brutal, manifiesta un discurso que contradice el optimismo del gobierno en relación a dar por descontado su triunfo en las próximas elecciones federales, pues si fuera así para qué insistir en la modificación de reglas que tienden a comprometer la legitimidad de las elecciones.
¿Acaso se trata de intercambiar legitimidad por seguridad en el control de resultados electorales?, es decir que la intención es anteponer el imperativo de ganar a toda costa aunque al hacerlo se fracture la democracia.
La lógica del Plan B se muestra como producto de la decisión de retener el poder como el bien a tutelar; muestra que a la hora de luchar por los intereses propios el gobierno no tiene recato ni límites, y que tiende a justificar su afán mediante la confusión y mezcla entre los fines de la República y los fines propios; producto de esa mezcla confusa se asume que garantizar la permanencia del partido en el poder es una causa legítima. Por eso el batacazo electoral.