La propuesta del presidente López Obrador de suprimir a los órganos autónomos ha vuelto a despertar cierto debate.
Quienes apoyan la medida reproducen los argumentos del presidente: herencia neoliberal, autonomía simulada, frutos podridos, cambio de condiciones, costo e ineficacia elevados.
Quienes se oponen argumentan su papel garante de derechos públicos o privados y del interés general –no de las élites, dicen–, pilares del Estado constitucional pluralista y democrático, el equilibrio al hiper-presidencialismo, su racionalidad técnica y no política, así como la contribución que hacen a la democracia mediante casos trascendentes
Sostengo que las dos posiciones radicales y absolutamente contrapuestas resultan parcialmente racionales y justificadas. Es indispensable acercar la lente con sentido critico para delimitar el objeto de estudio y afinar el análisis y las propuestas. Apunto algunas ideas
En primer término, hay que comenzar por identificar a los organismos autónomos –a los que han llegado a catalogar en más de 20– y asumir que sus estatutos de autonomía, condiciones y fines no son idénticos, por lo que habría, así como lo han apuntado juristas como Miguel Carbonell o Arturo Zaldívar, que diferenciar las estrategias para intervenirlos y transformarlos.
En ese sentido, es claro que los señalamientos del presidente se justifican más en casos en los que el impacto sobre la política económica es mayor, por ejemplo, COFECE, la CRE o IFETEL, sin embargo, debe tratar de manera distinta aquellos donde están en juego derechos fundamentales, por ejemplo el INE, la CNDH o el INAI.
Casos como los del Banco de México, INEGI o las instituciones de educación superior, ejemplo la UNAM, me parece que están fuera de la discusión.
Ahora bien, es claro que los tres primeros organismos sí pueden incidir en la consistencia de la política económica relevante de la opción votada mayoritariamente por el pueblo. Aun así, habría que revisar su papel de garantía en relación con el T-MEC.
Al mismo tiempo, habría que considerar el argumento de la protección de los derechos de las minorías pues no se debe admitir que con este se encubran los intereses de élites o empresas privilegiadas.
Los segundos tres organismos requieren de un bisturí mas fino porque se trata de la tutela de derechos universalizables, intangibles y transversales, no de derechos económicos o de propiedad de unos cuantos jugadores de alta gama. No hacerlo le resta posición y margen de maniobra al titular de la presidencia de la república, quien hasta ahora porta un amplio mandato popular para regir los mercados.
Dado que la autonomía institucional en sí misma no asegura eficacia con relación a los fines de la institución que se trate, hay que analizar qué condiciones específicas concurren para lograrlo, más allá de su ubicación dentro de la estructura del Estado, la forma del nombramiento o sus capacidades normativas, procedimentales o técnicas.
Por solo poner un ejemplo: el derecho de acceso a la información pública o los datos personales pueden garantizarse debidamente con o sin un órgano constitucional autónomo, lo cual ocurre en otros países, por lo que es recomendable que en México se realice una evaluación tanto técnica como de contexto, de carácter abierta y pública, para saber si es pertinente o no, o en qué medida, introducir cambios.
Pero, claro, proponer no tocar a dichos órganos es tan injustificable como suprimirlos sin nada que los sustituya.
Desde una perspectiva de derechos y garantías, de la ética política y las políticas públicas, lo que procede es un ejercicio abierto y honesto de crítica y autocrítica para definir el nivel y sentido de la intervención y transformación de cada uno de aquéllos entes.
La correspondiente iniciativa legislativa presidencial, que se presentará previo al inicio de las campañas, abrirá aún más el escenario para profundizar el análisis y debate.
Estimo que al igual que se celebra la alegoría del rey que se cree absoluto y es cordialmente desterrado de la ciudad montado en un burro y ataviado con guirnaldas, así también hay que respaldar que nada sea intocable si se trata de mejorar las garantías del Estado constitucional con sentido social y popular, en favor de una mejor protección de los derechos, sobre todo de los más débiles.