“Lo peor de los secretos no es que existan, sino que obligan a inventar demasiadas mentiras para sostenerlos”.
Carlos Ruiz Zafón
Hubo una época en que las revistas del corazón vivían de una fórmula infalible: publicar la exclusiva que alguien quería ocultar. Fotografías robadas, llamadas filtradas, romances clandestinos y portadas anunciando “toda la verdad”. Lo curioso era que la verdad solo importaba cuando perjudicaba al personaje de la semana; cuando el escándalo tocaba a la propia revista o a alguno de sus patrocinadores, entonces aparecían discretamente la prudencia, la privacidad y el respeto.
La política obradorista terminó copiando ese modelo editorial. Solo que aquí los protagonistas no son celebridades. Son actores de nuestra vida gubernamental.
La llamada Cuarta Transformación convirtió la transparencia en una revista de chismes institucional: publica lo que le conviene, esconde lo que le incomoda y cambia de principios con la facilidad con la que una publicación cambia de portada. La transparencia dejó de ser un principio democrático para convertirse en una herramienta de ocasión.
El episodio más reciente lo confirma. La Secretaría de Relaciones Exteriores decidió reservar información relacionada con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza bajo el argumento de que hacerla pública podría afectar la relación con Estados Unidos y vulnerar la confianza entre ambos gobiernos. Después vino la marcha atrás parcial, las aclaraciones, los matices y las explicaciones de siempre.
La secuencia ya la conocemos. Primero reservan. Después rectifican. Luego explican. Más tarde corrigen la explicación. Y finalmente aseguran que todo fue un malentendido. Ya hasta parecen un partido de futbol, el VAR, la FIFA e Infantino…
Más que una estrategia de Estado, parece una conferencia de prensa permanente para apagar el incendio del día. Presidencia transmite cada vez más la imagen de una gallina corriendo sin cabeza: mucho movimiento, ninguna dirección.
Pero lo malo no es esa reserva en particular. El asunto es el patrón que se dibuja
La 4T nunca ha tenido una doctrina de transparencia. Tiene una doctrina de conveniencia. Cuando una información puede incomodar al gobierno, aparecen inmediatamente los viejos conocidos: seguridad nacional, investigaciones en curso, relaciones diplomáticas, protección institucional, estabilidad del Estado. Siempre existe alguna noble causa para esconder documentos.
En cambio, cuando la información perjudica a un adversario, todos esos principios desaparecen milagrosamente. Entonces sí se pueden exhibir datos fiscales. Entonces sí se pueden divulgar cuentas bancarias. Entonces sí se pueden revelar datos personales. Entonces sí aparecen desde Palacio Nacional documentos cuya difusión jamás debió ocurrir.
¿Qué no es así? Pues miren: Ahí están los datos privados de María Amparo Casar. Ahí están las cuentas bancarias exhibidas de periodistas y críticos. Ahí están los datos personales de miles de pensionados publicados por el propio gobierno.
De pronto la privacidad deja de ser un derecho para convertirse en un obstáculo político.
La lógica ya ni siquiera distingue entre información pública e información privada. Lo único que distingue es si el dato beneficia o perjudica al poder. Reservan lo que debería conocerse. Exhiben lo que debería permanecer protegido. Una inversión completa del sentido de la transparencia.
Y no es casualidad que esto ocurra precisamente después de la desaparición del INAI. Antes, cuando un gobierno quería reservar información, al menos debía convencer a un árbitro autónomo de que la clasificación estaba jurídicamente justificada. Hoy prácticamente se califica a sí mismo. El propio gobierno decide cuándo la opacidad resulta “legal” y cuándo la transparencia puede convertirse en arma política. Qué cómoda resulta la transparencia cuando uno también es el árbitro.
Ahora bien, la explicación ofrecida por la Cancillería merece un premio especial de creatividad. Dicen que reservar la información busca proteger la confianza entre México y Estados Unidos.
¿Confianza? ¿La misma confianza que produjo el retiro de visas a políticos mexicanos? ¿La confianza que mantiene abiertas investigaciones contra operadores financieros vinculados con organizaciones criminales? ¿La confianza que ha llevado a Washington a construir expedientes propios en lugar de esperar los mexicanos?
Si algo caracteriza hoy la relación bilateral no es precisamente la confianza. Es la ausencia de ella. Porque cuando un gobierno confía en otro no necesita investigar por su cuenta. No necesita construir sus propios casos. No necesita recurrir a sus propios fiscales. No necesita agentes encubiertos…
Y eso nos lleva al capítulo más revelador de toda esta historia: El Mayo Zambada.
Resulta fascinante observar las prioridades del gobierno mexicano. Lleva dos años exigiendo conocer hasta el último detalle de cómo llegó el narcotraficante a territorio estadounidense. Quiere saber quién piloteó el avión, quién autorizó el vuelo, qué conversaciones hubo entre autoridades, qué documentos existen y qué información posee Washington. Nada parece suficiente. La exigencia de transparencia es absoluta.
Lo extraño es que nunca de los nuncas ha mostrado la misma urgencia para responder preguntas infinitamente más importantes. ¿Cómo pudo uno de los criminales más poderosos del continente operar durante décadas en México? ¿Quiénes lo protegieron estos últimos años? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Por qué permaneció intocable desde que Morena asumiera el poder? ¿Por qué el escándalo gira en torno al avión y no el personaje que iba sentado dentro?
Con la pena pero esa desproporción solo admite tres explicaciones. La primera es que el gobierno mexicano realmente nunca sabe nada de lo que ocurre dentro de su propio territorio. Sería una admisión demoledora de incompetencia. La segunda es todavía peor: que sí sabe, pero no está dispuesto a exhibir el tamaño de la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Y la tercera sería la más grave de todas: que determinadas redes políticas merecieron durante años un grado de protección que hoy resulta imposible reconocer públicamente.
No hace falta elegir una de las tres para entender el problema. Basta observar el comportamiento del gobierno para concluir que existe mucha más energía destinada a averiguar qué hizo Estados Unidos que a explicar qué ocurrió durante décadas en México. La indignación oficial parece concentrarse en el método de la captura, no en la trayectoria criminal del capturado.
Y eso dice mucho.
Mientras tanto, la narrativa gubernamental insiste en envolver todo con la bandera de la soberanía. Pero el problema nunca ha sido la soberanía. Es otro.
Es la creciente sospecha de que organizaciones criminales lograron construir relaciones de protección política en distintos niveles del poder. Esa es la discusión de fondo. No quién piloteó un avión, sino quién permitió que durante años existiera un país donde personajes como El Mayo pudieran convertirse en instituciones paralelas.
Mientras Palacio responde con conferencias, Washington responde con fiscales. Mientras aquí se producen discursos nacionalistas, allá se construyen expedientes.
Y les voy a decir algo más: conviene entender algo que la 4T parece seguir negándose a aceptar. No existe ninguna señal de que la estrategia estadounidense vaya a detenerse.
Da igual quién ocupe la Casa Blanca. Esto no se acabará con el fin del trumpismo. Republicanos y demócratas llevan años convergiendo en un mismo diagnóstico: los grandes cárteles dejaron de ser únicamente un problema de seguridad pública mexicana para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Por eso las investigaciones no terminarán con un solo capo detenido. Continuarán siguiendo rutas financieras, estructuras empresariales, redes de protección política y cualquier persona respecto de la cual las autoridades estadounidenses consideren que existen elementos suficientes para investigar. Eso ya forma parte de una política de Estado, no de un capricho electoral ni de la personalidad de un presidente anaranjado.
Y mientras ese proceso avanza, el gobierno mexicano sigue reaccionando con movimientos improvisados. Primero reserva. Después desclasifica parcialmente. Luego explica. Más tarde vuelve a matizar.
Cada paso parece diseñado para sobrevivir al encabezado del día siguiente, no para defender una posición de Estado consistente.
Esa improvisación termina produciendo exactamente el efecto contrario al que pretende evitar. Ya cada nueva reserva ya no transmite prudencia. Transmite miedo.
No miedo a revelar un documento. Miedo a que ese documento confirme lo que desde hace meses Washington parece estar intentando demostrar: que los vínculos entre política y crimen organizado no obedecen a casos aislados, sino a estructuras mucho más amplias de protección, complicidad o tolerancia.
Cada expediente oculto deja de proteger al gobierno y empieza a alimentar las dudas.
En el fondo, esa es la gran tragedia institucional de la desaparición del INAI. No solo se perdió un órgano autónomo. Se perdió también un contrapeso que obligaba al poder a justificar jurídicamente sus reservas. Hoy la opacidad depende, en buena medida, de la voluntad de quienes tienen interés en ejercerla.
La transparencia dejó de ser un derecho constitucional ciudadano para convertirse en una concesión gubernamental.
Exactamente igual que en las viejas revistas del corazón. La portada cambia según convenga. La exclusiva se publica cuando daña al adversario. El silencio aparece cuando la historia apunta hacia casa.
Solo que aquí ya no hablamos de romances clandestinos ni de fotografías robadas. Hablamos de expedientes oficiales, de investigaciones internacionales, de posibles redes de corrupción y de la relación entre política y crimen organizado.
Por eso la transparencia nunca fue el verdadero problema. El problema fue convertirla en un interruptor. Se enciende para exhibir adversarios. Se apaga cuando ilumina al poder.
Y hay una última ironía que la 4T parece no haber entendido: la confianza no se construye escondiendo documentos. Se construye cuando los documentos pueden abrirse sin que el gobierno tema lo que la luz vaya a revelar.
Porque al final, la llamada “transparencia de ocasión” termina transparentando una sola cosa: el miedo.
Y pocas confesiones políticas resultan más elocuentes que un gobierno que corre a apagar la luz cada vez que alguien se acerca al archivo.