Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia.
Simón Bolívar
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, dos temas marcaron el centro del debate: la soberanía y la traición a la patria. Desde el siglo XIX, con Antonio López de Santa Anna, las Leyes de Reforma y la invasión francesa, México ha enfrentado conflictos en los que la independencia, la integridad territorial y la lealtad a la nación estuvieron en juego.
Hoy, los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum reivindican la soberanía como bandera política, sin embargo, sus decisiones dejan dudas sobre la capacidad del Estado para ejercerla y mucho se dice que lo hacen como estrategia mediática para ganar electores y el respaldo del pueblo, mientras su actuar enfila a la entrega del país al mejor postor.
La disputa por la soberanía
La soberanía no se pierde únicamente cuando una potencia extranjera invade el territorio. También se debilita cuando el Estado pierde capacidad para garantizar la seguridad, hacer cumplir la ley y evitar que organizaciones criminales sometan a comunidades, extorsionen a empresarios, sustituyan a las autoridades y condicionen a las instituciones.
¿Puede hablarse de un ejercicio pleno de la soberanía popular donde los ciudadanos no pueden vivir, trabajar, votar o desplazarse libremente por miedo al crimen organizado?
Las cifras reflejan el problema. Un informe de Signos Vitales sobre el legado de López Obrador recuperó estimaciones que situaban la presencia criminal en 81% del territorio nacional. El mismo informe, apoyándose en información atribuida a la DEA de 2025, señala presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en las 32 entidades federativas y del Cártel de Sinaloa en 31.
Por su parte, ACLED documentó más de 70 grupos armados que disputaban economías ilícitas y registró 342 episodios de violencia contra funcionarios locales en México durante 2024, la cifra más alta entre los países incluidos en su análisis.
EL mismo año afirmó que las organizaciones criminales controlan extensas porciones de territorio y mantienen vínculos con sectores institucionales, identificando especialmente a Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas documentó aproximadamente 747 mil eventos de extorsión durante 2023. El propio Programa Sectorial de Seguridad 2025–2030 reconoce esta cifra y una cifra negra de 96.5% para ese delito empresarial. Un dato que muestra la magnitud de la coerción económica.
No se trata solamente de homicidios o enfrentamientos. Las organizaciones criminales presionan a alcaldes, amenazan a candidatos, controlan actividades económicas, influyen en las corporaciones policiales, es decir, disputan al Estado funciones que constitucionalmente le corresponden. Una debilidad institucional que ningún gobierno puede resolver con discursos ni con descalificaciones contra quienes denuncian el problema.
Los vínculos políticos
La preocupación crece cuando aparecen señalamientos sobre posibles acuerdos entre políticos y organizaciones criminales.
El periodista Héctor de Mauleón publicó recientemente una columna en la que atribuyó a fuentes de seguridad información sobre una presunta reunión entre Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según esa versión, el encuentro habría tenido como propósito negociar apoyo electoral para candidatos morenistas en Chihuahua durante 2024, a cambio de condiciones favorables.
Montiel negó la reunión, pero la controversia exige una investigación seria, no un deslinde anticipado ni un carpetazo político. Lo verdaderamente inadmisible sería que la gravedad de los señalamientos dependiera de la afiliación partidista.
La lista es muy grande, los gobernadores, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla, Marina del Pilar Ávila, Rocío Nahle, exgobernadores, legisladores y funcionarios como, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, Rutilio Escandón, Mario Delgado, Manuel Bartlett y diversos presidentes municipales de la alianza oficialista.
¿Defender la soberanía o comprometerla?
La discusión no se limita al crimen organizado. La relación con Estados Unidos, los compromisos comerciales, la política energética y las decisiones sobre cooperación internacional deben evaluarse a partir de su impacto en la autonomía nacional.
Lo mismo ocurre con los acuerdos de México con Cuba, Rusia y otros gobiernos. La cooperación internacional, el suministro de petróleo, la contratación de personal médico extranjero o los convenios de seguridad.
La 4T no puede exigir confianza ciega mientras persisten dudas sobre la seguridad, influencia criminal y la transparencia de sus decisiones. La soberanía no se demuestra repitiendo consignas nacionalistas, se demuestra con el ejercicio de la autoridad legítima, protegiendo a los ciudadanos y defendiendo el interés nacional frente a cualquier poder que pretenda someterlo.
La relación entre la pérdida del ejercicio efectivo de la soberanía y el delito de traición a la patria que es una cuestión constitucional y penal, surge cuando organizaciones criminales llegan a controlar territorios, someter autoridades o influir en decisiones de gobierno.
El gobierno de la República, su partido y alianza política, están faltando a la verdad, entregando el país a intereses ajenos e internacionales que tipifican la pérdida de soberanía y en algunos casos traición a la patria.
X:@diaz_manuel