“El socialismo marxista ha de permanecer siempre como un portento para los historiadores de la opinión: cómo una doctrina tan ilógica y tan torpe puede haber ejercido, de modo tan poderoso, una influencia sobre las mentes de la humanidad y, a través de ellas, sobre los acontecimientos de la historia”.
John Maynard Keynes
Hay decisiones políticas que cuestan votos. Otras cuestan dinero. Algunas, incluso, cuestan prestigio internacional. Pero pocas resultan tan desconcertantes como aquellas en las que un gobierno parece dispuesto a comprometer la estabilidad económica de todo un país con tal de proteger a un puñado de personajes cuya mejor carta de presentación sería guardar silencio frente a un juez.
Desde que Estados Unidos presentó solicitudes formales de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, la respuesta del gobierno mexicano no ha sido colaborar ni explicar. Ha sido atrincherarse detrás de una palabra: soberanía. Como si invocarla bastara para convertir un asunto de justicia en una causa patriótica.
La soberanía terminó convertida en el equivalente diplomático del bicarbonato: sirve para todo, aunque no cure nada.
Si existían solicitudes formales de extradición sustentadas en los mecanismos previstos por los tratados internacionales suscritos por ambos países, la discusión nunca debió ser si convenía políticamente entregarlo, sino si el Estado mexicano estaba dispuesto a cumplir los compromisos jurídicos que libremente asumió. Lo demás fue convertir una obligación legal en un acto de propaganda nacionalista.
Es imposible demostrar que cumplir con esos procedimientos habría modificado la posición de Donald Trump respecto del T-MEC. Pero también resulta difícil creer que incumplirlos fortaleciera la confianza entre ambos gobiernos.
Las preguntas incómodas quedaron debajo del tapete.
¿Por qué defender con semejante vehemencia a Rubén Rocha Moya? ¿Qué hace que un gobernador desaparecido de la vida pública desde hace semanas valga semejante costo político? ¿Qué información protege? ¿O, quizá, a quién protege? ¿Por qué la FGR enmudeció?
Notemos: una cosa es defender el debido proceso. Otra muy distinta es convertir la defensa política en política de Estado.
Y los números tampoco ayudan. Durante la administración de Rocha Moya, las desapariciones en Sinaloa se dispararon. De acuerdo con registros oficiales citados por El Universal, los casos pasaron de 270 a 951 al año, un incremento superior al 250 por ciento. Entre noviembre de 2021 y mayo de 2026 se acumularon más de cinco mil personas desaparecidas o no localizadas. A ello se suman miles de víctimas de homicidio doloso, feminicidio y secuestro. No son simples estadísticas: representan el deterioro institucional de un estado entero y el sufrimiento de miles de familias.
Y, aun así, pareciera que el personaje resulta intocable.
Pero lo verdaderamente desconcertante no es Rubén Rocha, sino que para el gobierno federal, aparentemente valga más que el T-MEC.
Y es que el verdadero problema para México no son las revisiones anuales del tratado. Es la incertidumbre.
Las empresas no invierten miles de millones cuando desconocen las reglas del juego para dentro de doce meses. La inversión necesita previsibilidad. El empleo necesita inversión. Y el crecimiento necesita ambas.
Sin embargo, el gobierno parece haber decidido que la prioridad consiste en proteger a determinados personajes antes que fortalecer la confianza internacional.
Daniel Kahneman y Amos Tversky explicaron este fenómeno hace décadas mediante la Teoría Prospectiva. Las personas sienten el dolor de perder aproximadamente el doble de intenso que la satisfacción de ganar. Esa aversión a la pérdida conduce con frecuencia a decisiones profundamente irracionales.
En política sucede exactamente igual. Muchos gobiernos prefieren perder crecimiento económico antes que reconocer un error. Prefieren deteriorar una relación estratégica antes que admitir que uno de los suyos se convirtió en un pasivo. Prefieren sacrificar el futuro antes que aceptar el costo político del presente.
Resulta todavía más llamativo cuando algunos de los personajes cercanos al caso ya optaron por buscar protección en Estados Unidos. Si quienes compartían el mismo entorno consideran que su mejor estrategia consiste en colaborar con la justicia estadounidense, ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo un muro político alrededor de Rocha Moya?
Cada día de silencio incrementa el costo.
Mientras tanto, Palacio Nacional anunció ahora que investigará la operación mediante la cual Ismael “El Mayo” Zambada terminó en Estados Unidos. La discusión volvió a desplazarse hacia la soberanía nacional. Hacia el FBI. Hacia el avión. Hacia cualquier lugar… menos hacia las responsabilidades políticas dentro de México.
Curiosa manera de combatir la opacidad: investigando lo que hizo el actor del otro lado de la frontera mientras se evita explicar lo ocurrido desde este lado.
Más curioso aún resulta el silencio sobre el montaje inicial construido alrededor del asesinato de Héctor Melesio Cuén y de la salida de “El Mayo”. Aquella narrativa oficial terminó desplomándose pieza por pieza. Pero nadie parece interesado en esclarecer quién la construyó, quién la sostuvo y quién se benefició de ella.
La presidenta sostiene que debe conocerse toda la verdad sobre la actuación estadounidense. De acuerdo. Pero antes convendría conocer toda la verdad mexicana.
¿Por qué Rubén Rocha Moya permanece fuera del escenario público desde hace más de dos meses? ¿Por qué el senador Enrique Inzunza tampoco ofrece explicaciones suficientes? ¿Por qué el Senado normaliza la ausencia de uno de sus integrantes sin exigir responsabilidades políticas? ¿Por qué cada nueva pregunta recibe como respuesta una nueva apelación a la soberanía?
Cuando un gobierno dedica tanto esfuerzo a proteger personas, inevitablemente deja de proteger instituciones. Y ahí comienza el verdadero problema.
El mensaje que termina enviándose hacia el exterior no es de fortaleza nacional. Es de miedo. Miedo a que alguien hable. Miedo a que alguien declare.
Miedo a que alguien confirme lo que, como escribió recientemente un articulista de este mismo medio, “todos lo saben, menos la Presidencia”, (Federico Berrueto Pruneda).
Si la defensa de Rubén Rocha Moya termina costándole al país inversión, certidumbre y crecimiento, la historia será cruel con esta decisión.
¿De verdad un gobernador bajo solicitud formal de extradición, y el reducido círculo que lo rodea, valían poner en riesgo la certidumbre del principal tratado comercial del país?
Si la respuesta fue sí, entonces el gobierno acaba de reconocer —aunque nunca lo admita— cuál es su verdadera prioridad: proteger a los suyos, aunque el costo lo paguen 130 millones de mexicanos.