En América Latina se ha escrito mucho, polemizado y disputado ideológica y políticamente, e incluso en forma armada, en torno al “modelo” o “modelos de desarrollo”, las “vías de desarrollo”, incluso, se ha distinguido entre “modelos de desarrollo capitalista”, o “modelos de socialismo”. ¿Cómo entender la categoría analítica de desarrollo? El concepto alude genéricamente a un conjunto de lineamientos surgidos a partir de consensos y acuerdos, o bien, de situaciones de fuerza, que buscan lograr el desarrollo de una unidad territorial y política determinada, y que involucra no sólo el ámbito económico, sino también los ámbitos social, político, cultural e internacional, ligados siempre a un cierto contexto mundial que se modifica e impacta en dichos modelos, las concepciones sociales y todo el pensamiento que subyace a ellos. A determinada vía de desarrollo ha correspondido históricamente un modelo de políticas sociales en el subcontinente y en México. Esta es la imbricación que tiene el concepto con la política social.
El brillante economista indio de la etnia bengalí, Amartya Kumar Sen planteó que el desarrollo “es mucho más que un número” - por cierto, los anti desarrollistas latinoamericanos también impugnaron con fuerza dicho criterio en los años 60 y 70, frente a la falacia de los mal llamados “milagros latinoamericanos”- generando un enfoque teórico histórico que muta desde los criterios exclusivamente cuantitativos hacia otros relacionados con la calidad de la vida humana y el goce y disfrute de libertad, y cuyas elaboraciones sirvieron para formular lo que después conocimos como Índice de Desarrollo Humano (IDH) cuyo primer informe basado en él dio a conocer el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990. Hoy el IDH es fundamental para conocer y transformar la situación de las sociedades humanas.
La aguda crisis actual de seguridad no es una crisis aislada del contexto nacional y estatal, sino parte de una crisis del modelo de desarrollo seguido desde el Estado mexicano por las élites políticas, económicas y culturales y retroalimentada desde la sociedad nacional, es por lo tanto, una crisis del Estado y la sociedad, de su pacto social, de sus concepciones sobre qué vía a seguir para lograr un desarrollo lo más avanzado posible, y de sus políticas sociales especialmente después de la segunda posguerra cuando surge la idea y debate sobre “el desarrollo”.
La crisis de seguridad, de constitucionalidad, de justicia, de inequidad social, de vigencia del orden jurídico, de identificación de la sociedad con el Estado (de legitimidad), etc., no puede ser entendida y enmendada como se ha hecho hace 40 años, en sí y desde sí misma. Ello ha constituido una concepción fallida que afectó y agudizó los demás componentes estructurales de dicha crisis. Hoy dicha crisis es “una síntesis de múltiples determinaciones”, no sólo una relación de causalidad. Y en ello puede incidir de manera importante la política social si la entendemos también como parte de una política integral de seguridad.
La acción depredadora del crimen organizado, la corrupción y la aguda crisis social, son la expresión magnificada, aguda, de esta crisis del modelo de desarrollo que impacta todas las áreas de la vida pública y social de México y que pone en tela de juicio la efectividad de las políticas sociales seguidas. No es una “crisis del crecimiento económico” o como le llaman distintos economistas, “crisis del patrón de acumulación”, aunque está presente, ni del “modelo de representación política”, ni aún del “régimen político”, tampoco una “crisis de gobernabilidad”, o como le llamaron en Europa Occidental a un fenómeno de agotamiento histórico similar, una “crisis del Estado de Bienestar”.
Son todas esas subestructuras en crisis articuladas en una sola: el modelo o estructura global del desarrollo nacional que ha producido una estructura social extremadamente desigual y polos de pobres exacerbados, cuya expresión más dramática y severa es la crisis de la seguridad ante la acción incontenible del crimen transnacional organizado que actúa como macro poder fáctico en la vida nacional.
Por ello, intentar recomponer la seguridad profundamente vulnerada de los mexicanos mediante la acción represiva de los cuerpos armados del Estado y derrotar por esa vía a las organizaciones transnacionales del crimen, con un poder fáctico, político, cultural y financiero globalizado, resulta de una simpleza extraordinaria, cuando es imperativo pasar a un proceso histórico de reconstrucción nacional, empezando por los grupos mayoritarios más vulnerables, todo concretado a partir de una nueva institucionalidad pública con una política social funcional a los objetivos de un desarrollo incluyente, lo cual en otras épocas se ha intentado en México.
Pero un paso inicial y trascendente es proceder a una ruptura epistemológica con lo que ha sido una clara y nefasta hegemonía epistémica (Walter D. Mignolo) en materia de seguridad y combate al crimen transnacional, en particular, en donde los distintos regímenes de beneficio social jueguen un rol destacado, sustituyendo a las políticas represivas inoperantes, con un enfoque teórico conceptual y político distinto que parta de la base de la sociedad, hoy que el enfoque represivo se ha debilitado considerablemente ante la falta de éxito. El viaje del presidente AMLO a Colombia se ubica en esta ruta de construcción soberana e intelectual del tema.
En México la política de cambio histórico o modelo de desarrollo, del patrón de acumulación de capital, de política exterior, de política salarial y económica, fiscal, (modelo agroexportador, modelos de sustitución de importaciones, modelo de libre mercado) se articula siempre con nuevos lineamientos maestros de política social, de ataque a la pobreza y de combate al crimen transnacional organizado ante la agudización de su presencia en territorio nacional. Se ha producido una lucha intelectual intensa en México durante las dos décadas del siglo XXI para lograr la correcta interpretación del fenómeno que estamos viviendo al influjo de las diferentes corrientes de pensamiento que en ello intervienen, manifestada en la prensa escrita, los medios electrónicos, la producción editorial, incluso a nivel continental. Asi discutimos, el modelo de desarrollo, la política social, los alcances del Estado y la crisis de seguridad y justicia.
El profesor Thomas Humphrey Marshall delimita el campo de acción de la política social con una revelación importante, al decirnos que ella hace:
“referencia a la política de los gobiernos respecto de la acción que tiene un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, procurándoles servicios o rentas. Su núcleo central se compone, por ello, del seguro social, la asistencia pública (o nacional), los servicios de sanidad y bienestar y la política de la vivienda. La educación pertenece, obviamente, a él (...) Y también el tratamiento del crimen”. (Marshall, 1972)
Evidentemente, se refiere a toda la protección social, la asistencia pública, la salud, la vivienda y todo aquello que impacte el bienestar social desde los actos de gobierno, aunque lo más relevante es que el profesor Marshall incluye la política de seguridad anticrimen dentro de los confines de la política social. Trascendente concepto. No parece aleatorio si ahondamos un poco más en su obra, toda vez que uno de sus ensayos más completos se llama “Ciudadanía y Clase Social” (1949) en donde analiza el desarrollo contemporáneo de la ciudadanía desde tres vertientes: los derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, en una evolución que va del siglo XVIII al siglo XX.
Su mayor contribución fue como acuñador del concepto moderno de “Derechos Sociales”, vigentes no por pertenecer a una determinada clase social o una necesidad específica, sino por el hecho de ser ciudadano, sosteniendo que solo existe la ciudadanía plena cuando se accede a los tres derechos, aunque su análisis se centró en Inglaterra, la influencia conceptual trascendió dicho país.
Además, consideraba que los tres tipos de derechos habían evolucionado asimétricamente en los siglos supra mencionados, pero debían considerase vinculados los unos a otros, porque son indisociables (Marshall, 1949). Un antecedente teórico conceptual de verdadera trascendencia para las políticas de construcción social y en contra de las desigualdades y la pobreza, vinculadas al tema de la seguridad.
Lo que comúnmente se denomina “neoliberalismo” constituye toda una concepción del mundo, del individuo y de la sociedad en su dinámica correlacionada. Involucra por tanto, temáticas relativas muy amplias: desde aquellas de orden epistemológico, filosófico y sociológico, hasta las de la teoría y el desarrollo económico, el bienestar social y la convivencia política, entre ciudadanos y de la sociedad con el Estado,
El neoliberalismo como concepción general no puede resolver los temas del bienestar y la seguridad porque los considera compartimentos separados: la política social como parte central de bienestar es independiente de la política de seguridad, el Estado actúa separadamente de una problemática y otra. Pero además, deben ser compatibles las políticas públicas puestas en acción en ambos campos, bienestar y desarrollo, con la libertad económica y el Estado abstinente. Entonces el alivio al bienestar debe ser obra de sí al interior de las leyes de la libertad económica y de mercados, de la libre competencia; y la seguridad es tarea esencialmente de los cuerpos represivos del Estado, para que se cumpla el dogma de la no injerencia del Estado en los ámbitos sociales porque limita la libertad del individuo, y para que las cuerpos armados oficiales desarrollen su tarea esencial que es proveer la seguridad así entendida, como represión de los infractores de la ley, El círculo se cierra.
Continuaremos en próxima entrega.