Ningún presupuesto o esquema de financiamiento se compara con los excesivos y extralimitados programas de apoyo al poder judicial. Aunque la oposición trató de desviar la atención, es obvio el agravio que siente la mayoría de la sociedad por el grado de despilfarro de algunos magistrados. Incluso, una vez que el mismo Ricardo Monreal publicó 40 privilegios que, ni más ni menos, son parte de las partidas que gozan en el poder judicial, se fue desnudando y, sobre todo, desencadenando el malestar de la población civil al ver el rango tan potentado que viven en uno de los poderes de la nación.
Recuerdo que, en aquella ocasión, aplaudimos la valentía de Ricardo Monreal por sacar a la luz pública estos 40 privilegios que, al fin y al cabo, representan una afrenta para millones de mexicanos, especialmente aquellos que requieren más atención por el grado de vulnerabilidad. Incluso, la oposición o la derecha fueron los únicos que salieron a defender los sueldos y aguinaldos de magistrados, lo mismo que bonos para comidas y uso personal, no se diga de transporte y, de esa magnitud, hasta la atención personalizada para viajes especiales.
Por esa razón, celebramos el dictamen que se aprobó para eliminar una cantidad significativa de fideicomisos que, para el pueblo de México, constituyen una afrenta. En ese sentido, reconocemos la responsabilidad de los diputados de Morena y aliados que, de manera congruente y responsable, votaron para dar paso al fin de este esquema de recursos. De hecho, la sociedad, desde las redes sociales, ha salido a reconocer el paso importante que se ha dado.
Fue, ni más ni menos, una de las demandas de la población civil a la llegada del nuevo gobierno. De hecho, para el presidente López Obrador era muy importante avalar la propuesta y, con ello, establecer las condiciones de un país más austero en todos los poderes de la nación. Incluso, la narrativa del mandatario federal es la prueba más contundente de ese hecho. La cuestión es que, por el camino, aún hay muchas iniciativas por poner en marcha respecto al exceso de recursos y prerrogativas que recibe el poder judicial.
Sin embargo, se ha dado un paso importante que hay que poner en marcha, pues el incipiente camino ha echado raíces y, los legisladores, rompieron el paradigma y, de golpe, avalaron la eliminación de una lista de fideicomisos que, en una realidad actual, son un dispendio y una afrenta para el pueblo de México. Teniendo en cuenta eso, desde este espacio de opinión reconocemos el voto de los diputados de Morena. Era necesario que, de forma inmediata, se hilvanará el sendero, dado que la acción sirve de ejemplo para trabajar más en un país donde el derroche y el dispendio se terminen.
Falta, claro está, una reforma integral al poder judicial, después de conocer el grado de opulencia en que viven los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente esa será, en tiempos de campaña, una de las metas de Morena para ganar el mayor número de espacios legislativos y, con ello, poner sobre la mesa cambios constitucionales de fondo que, de una vez por todas, eliminen esa lista de 40 beneficios que los ministros tienen en sus manos.
Mientras tanto, este hecho que hace poco aconteció en San Lázaro, podemos llamarlo como un acto de justicia social. Es una cuestión de ver la situación desde otra óptica; la oposición no avaló ese hecho, pues, durante años, han sido cómplices del derroche de recursos a un nivel exagerado. No obstante, Morena hizo valer su condición de mayoría simple, incluyendo a los aliados, y, tal como prometió, aprobó el dictamen que la mayoría de la ciudadanía veía con agrado, ya que es factible que, mediante estos fideicomisos, el recurso pueda encontrar áreas de oportunidad en lo que respecta a la salud, educación o seguridad. Siendo así, hay que proclamarlo como un triunfo a la democracia.
A propósito, la minuta ha llegado el Senado de la República, donde se pronostica que, de igual forma, Morena y los aliados respaldan la iniciativa.