La de garantizar la vigencia del orden jurídico, y con él la seguridad de los ciudadanos y el ejercicio de sus libertades, sin duda es la tarea más tradicional, que se podría calificar como primigenia del Estado; seguida de ella, un tema constante a través de lo que llevamos como México independiente, es el de la educación, siempre considerado como asunto toral para el desarrollo del país.
Por ende, las reformas educativas han sido también reiteradas tras la búsqueda de dotar a los docentes de la mejor preparación para su desarrollo e incorporar, en la enseñanza, los conocimientos que se soportan en los hallazgos científicos, al tiempo de combatir los fanatismos, adoptar las técnicas que aconseja la pedagogía, construir una sociedad que tenga libertades, en el Estado de derecho, en el desarrollo cívico y la convivencia armónica.
En consonancia, existe una larga tradición en México respecto de la impartición de la educación pública, al grado de ubicarla como tarea prioritaria del Estado conforme a las definiciones que establece el artículo tercero de la Constitución con su carácter de gratuita, laica y obligatoria.
Durante la presente administración se impulsó una nueva reforma educativa que ha tenido su corazón en la denominada “nueva escuela mexicana”, la cual ha buscado establecer una visión disruptiva respecto de las anteriores, desde luego, tras el propósito de alcanzar mejores resultados.
Una vez que recientemente aparecieron los nuevos libros de texto gratuitos, la discusión sobre su contenido avivó la polémica sobre la reforma educativa puesta en práctica por el gobierno y que, en un inicio, alcanzó la resistencia de algunos padres de familia y de entidades federativas que manifestaron su renuencia y oposición en la adopción de tales textos. Hasta aquí tal vez no se encuentren elementos muy diferentes de lo ocurrido en otros momentos, donde, lamentablemente, también existieron errores notables sobre la integración de los libros, los espacios destinados a las diferentes asignaturas, así como la exposición misma en ellos plasmada.
Cierto, en el pasado existen hechos bochornosos como la quema de libros por inconformes con su contenido y hasta el retiro de ediciones que fueron objeto de rechazo enfático.
En este caso, marcó el debate el contenido de los libros de texto, en especial, respecto de las materias y el espacio destinado para ellas, siendo lo más relevante la forma de abordar a las matemáticas, debido a contar con una expresión limitada y confusa, que fue motivo de amplias referencias y críticas.
Cuando se trata de un debate sobre la realización de las actividades propias del Estado y de la forma de llevarlas a cabo a través de políticas públicas, es natural que exista polémica sobre la óptica que se adopta, pero también que el debate puede concretarse a través de mecanismos de evaluación que puedan colocar la narrativa y motivaciones que impulsan las medidas adoptadas, de cara a los resultados que arrojan.
Sin embargo, es el caso que la Auditoría Superior de la Federación ha sido reiteradamente renuente a mostrar su reporte y hallazgos sobre el desempeño de la política educativa, debido a la solicitud que hizo la SEP en el sentido de postergar su presentación de resultados en el 2020. Además, en el informe final de resultados presentado el 22 de febrero de 2022, la auditoría de la política educativa fue retirada del programa anual, días antes que se presentara en la Cámara de Diputados.
Es evidente que existe la pretensión de correr un velo de opacidad sobre el tema, y que la política educativa busca transitar por la vía de las declaraciones que arguyen sobre sus bondades, pero que intenta escapar a las mediciones y evaluaciones expresas, así provengan del órgano encargado y obligado a practicarlas como lo es la Auditoría Superior, y no obstante las reiteradas solicitudes que le han planteado y de gestiones que han llegado hasta a la Unidad de Evaluación y Control del propio órgano auditor y de peticiones ante otras instancias.
La evasión existente para medir resultados no ha podido ser plena y absoluta; ahora el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, mejor conocida como PISA, la cual es aplicada a todos los países de la OCDE desde hace 23 años, mostró que los estudiantes mexicanos obtuvieron resultados en matemáticas y ciencias por debajo de los que alcanzaron en 2018; en ambas obtuvimos el remoto lugar 56 como país, mientras Singapur, Macao, Japón y China obtuvieron los primeros lugares.
Ocultar o descalificar las evidencias que señalan responsabilidades o presuntas culpas, forma parte de una argucia bastante conocida cuando se está ante hechos o actos probatorios en los juicios y se pretende, no obstante, salir bien librado de las acusaciones que se formulan. Éste es el caso.
La prueba PISA es descalificada por el gobierno, lo que produce un falso silogismo en el sentido de quien está descalificado no puede calificar o, en su caso, la evaluación que realiza carece de valides. Se pretende que así ocurra con los resultados incómodos que la prueba Pisa arroja para nuestro país; pero a pesar de ese vano y absurdo intento, La prueba Pisa, pesa y pisa a la política educativa de esta administración.