Es cierto que el factor “salario” no es el único punto relevante en la agenda de la transformación del sistema educativo nacional ni dentro del llamado proceso de “profesionalización” de la docencia, sobre todo de la escuela pública básica y media superior, sin embargo, es un tema de discusión pública de primera importancia.
De acuerdo con un reporte publicado por “El Tábano”, órgano de difusión y análisis de los maestros democráticos de Cd. Juárez, Chihuahua, el salario magisterial se ha mantenido en alrededor del 3-4 (tres-cuatro) por ciento anual de incremento, promedio, durante la última década.
Si revisamos los datos específicos, durante el gobierno del presidente Peña Nieto éstos fueron los números registrados de los aumentos salariales anuales autorizados: 2013 el 3.9 por ciento; 2014 el 3.5 por ciento anual; 2015 el 3.4 por ciento; 2016 el 3.1 por ciento de aumento; 2017 el 3.08 por ciento y en el 2018 el 3.4 por ciento de aumento directo al salario, al año.
En lo que va del gobierno del presidente López Obrador, éstos son los datos recabados acerca del mismo indicador: En 2019 el aumento salarial fue del 2.74 por ciento; en 2020, se incrementó el 2.65 por ciento; en 2021 el 6.44 por ciento; en 2022 el 7.18 por ciento y este 2023 el anuncio fue de un 8.2 por ciento.
A esos datos hay que incorporar el índice o la tasa de inflación anual, que tiene que ver con los promedios generales de aumentos de precios al consumidor al año. Según el INEGI y sobre este rubro, de 2013 a 2018, la inflación fluctuó entre un 3.56 por ciento en 2013 a un 4.99 o 5 por ciento en 2017, con un 4.28 en el año 2018, lo cual da cuenta de una relación negativa o que no permite resarcir o equilibrar el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación.
Durante los años recientes, la inflación registrada es la siguiente: En 2019 fue de 2.74; 2020 de 2.65 por ciento; 2021 de 6.4 4 por ciento y en 2022 fue de 7.18 por ciento. Sin duda, este cuadro nos da una idea de la afectación representada por los indicadores macro y micro económicos en el poder adquisitivo de la base trabajadora en general.
Una nota publicada en el diario La Jornada, y escrito por Laura Poy y Alonso Urrutia, del 15 de mayo pasado, señaló lo siguiente: “en el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento salarial al magisterio de 8.2 por ciento, y aseguró que ningún educador ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, es decir, el promedio de ingresos de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que implicará ampliar en 42 mil millones de pesos el presupuesto al sector, lo que consideró como una inversión y no un gasto.”
“Además, indicó, se analiza que antes de concluir su administración se pueda aumentar el monto de las pensiones que reciben los profesores, a fin de “corregir el retroceso que se impuso durante el periodo neoliberal en materia de pensiones al magisterio y a todos los trabajadores de México”.
Independientemente del tema salarial, existen algunos otros factores que son esenciales a considerar dentro del análisis de las condiciones y demandas laborales de las y los trabajadores de la educación.
Una de las cuestiones clave a atender es el problema de la falta de respeto a los derechos laborales. El asunto que se asocia con esta cuestión se refiere al abandono del que han sido víctimas compañeras y compañeros maestros y directores escolares cuando se dan situaciones conflictivas en las escuelas. En tales contextos, tanto las/los dirigentes sindicales como las propias autoridades educativas no meten las manos por los trabajadores de la educación, en la mayoría de los casos.
En situaciones concretas de violencia escolar o en situaciones de exclusión a los trabajadores de la educación, a éstos no se les brinda apoyo ni acompañamiento o asesoría jurídica, psicológica o laboral.
Existen innumerables reportes de atropellos en los cuales se registran graves violaciones de los derechos laborales de las y los docentes y directivos de educación básica y media superior. De ahí la idea de crear, espero que en un futuro no muy lejano, una defensoría de los derechos de maestras y maestros.
Eso es aparte del maltrato que reciben nuestros colegas, trabajadores de la educación, en las instancias burocráticas de la Unidad del Sistema para la Carrera de la Maestras y los Maestros (USICAMM), donde se observan actitudes déspotas, opacas, excluyentes, discriminatorias y de agravio hacia las y los profesores que realizan trámites para efectos de admisión o de promociones verticales (ascensos) u horizontales (programa de incentivos económicos).
Entre otros aspectos, es importante que los avances en los ingresos salariales del magisterio se vean acompañados de programas de formación continua de mediano y largo plazos, centrados en plan y programas de estudio, que permitan a las/los participantes reflexionar y transformar las prácticas docentes y directivas, y que cuenten, dichos programas, con el liderazgo de especialistas, docentes con amplia experiencia e investigadores en educación.
¿Acaso es mucho pedir que las autoridades educativas y el conjunto de los funcionarios de las instituciones desconcentradas o descentralizadas de la educación, federales y locales, atiendan puntualmente las demandas elementales del magisterio?
¿Cuál es el valor que le otorgan los políticos, las élites dirigentes y la sociedad en general al trabajo educativo? ¿Podríamos colocar a las políticas públicas educativas y sus prioridades en un primer plano y no en uno segundo o tercero como ha sucedido hasta ahora?
Twitter: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com