En el discurso oficial, México se muestra como un país en crecimiento, con estabilidad macroeconómica y grandes obras de infraestructura. En la práctica, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) —que generan más del 70% del empleo formal— siguen enfrentando un entorno fiscal asfixiante, riesgos de seguridad y un Estado que prioriza a los grandes o nuevos empresarios cercanos al poder mientras deja a las PyMEs a su suerte.
Carga fiscal: tasas altas, recaudación baja
México mantiene tasas impositivas altas en ISR (30%) e IVA (16%), comparables con países desarrollados. Sin embargo, la recaudación es baja (≈17% del PIB, OCDE) porque se concentra en el sector formal. Más de la mitad de la fuerza laboral permanece en la informalidad y aporta poco o nada al fisco.
El resultado: las PyMEs formales cargan con una fiscalización excesiva —revisiones, cartas invitación, auditorías— que desgastan tiempo y liquidez, mientras el comercio informal opera sin reglas.
Prioridades de gasto: programas y grandes obras
El presupuesto 2026 refleja las prioridades de un gobierno que privilegia:
• Programas sociales de bajo impacto productivo.
• Obras emblemáticas de dudosa rentabilidad (refinerías, trenes, megaproyectos).
Todo ello desplaza el gasto que debería destinarse a infraestructura carretera, salud, educación, seguridad y justicia.
Para las PyMEs esto significa:
• Peor logística (más caro mover mercancías).
• Déficits en servicios públicos (salud, energía, agua).
• Menos seguridad jurídica en el día a día.
Deuda y riesgos macro
La deuda pública ya ronda los 20 billones de pesos, casi el doble que hace siete años. Su costo financiero absorbe una fracción creciente del presupuesto, reduciendo el espacio para inversión productiva.
Para las PyMEs, esto se traduce en:
• Menos inversión pública que impulse cadenas de valor.
• Tasas de interés reales elevadas, que encarecen créditos bancarios.
• Mayor incertidumbre macroeconómica a mediano plazo.
El factor de la propiedad privada
Un tema invisible en el discurso oficial pero cotidiano para las empresas es la seguridad sobre la propiedad privada. Invasiones de terrenos, conflictos agrarios, extorsión y “derecho de piso” encarecen la operación.
El marco legal (artículos 14, 16 y 27 de la Constitución; Ley de Amparo; Ley de Expropiación), garantiza certeza jurídica, pero en la práctica la aplicación es débil y tardía. Cada día sin enforcement efectivo aumenta los costos ocultos de las PyMEs.
Gobiernos de izquierda: el doble rasero
Aunque el discurso promete apoyar al pequeño empresario, la práctica es distinta:
• Se negocian alianzas con grandes corporativos cercanos al poder, que obtienen beneficios regulatorios y contratos públicos o bien nuevos empresarios que resultan testaferros de políticos o sus familiares.
• La PyME queda relegada a programas de crédito dispersos, de bajo monto y con trámites complejos.
• El mensaje implícito es claro: si no eres gran jugador con cercanía política, tu futuro depende solo de tu resistencia y creatividad.
El presupuesto 2026 muestra que, para las PyMEs, no habrá un cambio estructural. Seguirán enfrentando:
• Impuestos altos.
• Poca inversión en infraestructura.
• Deuda creciente.
• Débil protección de la propiedad privada.
Mientras tanto, el gobierno mantiene una relación pragmática con los grandes empresarios aliados, garantizándoles estabilidad y contratos. La PyME mexicana sigue siendo el motor de la economía, pero lo hace sola, sin políticas públicas que la protejan, y con la única certeza de que su supervivencia depende más de su resiliencia que del Estado.
Mario Sandoval | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.