PROMETEO
De acuerdo al último censo del INEGI de 2020, México es un país con 126 millones habitantes. Para el año 2030 la tendencia en la población de hombres y mujeres tendrá una edad promedio de 40 años.
Somos el país número 11 en tamaño de población, el 25% de la población es menor a 18 años, el 60% tiene entre 18 y 59 años y el 15% mayores a 60 años, este grupo en número de personas representan más de 18 millones de mexicanos.
Existen 35 millones de hogares, de los cuales 5 millones están desocupados o abandonados. Con datos del propio INEGI cerca de 10 millones de hogares reciben apoyos económicos de los programas sociales. Destacando el de adultos mayores que ya representan el 10% de la población total y para el 2030 serán el 15%.
Hay 5 millones de hogares en México que reciben remesas de sus familiares en el extranjero, elemento que junto con los programas sociales mantuvieron el consumo interno y han sido factor de estabilidad. Sin embargo ambos modelos no necesariamente son solución de largo plazo.
La población económicamente activa (PEA) son 56 millones de personas, sin embargo, solo el 40% de esta población es decir 21 millones de personas cotizan en algún sistema de pensiones. En México existen 6.5 millones de pensionados por laboralidad formal. Por lo que solo el 35% de los adultos mayores reciben una pensión por cesantía o jubilación laboral reglamentada.
El 60% de los pensionados (cerca de 3.7 millones de personas) obtienen una pensión menor al salario mínimo. Otro 37% (2.6 millones de personas) tienen una pensión entre 6 mil y 20 mil pesos. Con pensiones de mayores a 20 mil pesos y menores a 100 mil pesos hay 182 mil personas, que es el 2.8% de los jubilados y como grupo especial con el 0.02% con ingresos superiores a 100 mil pesos mensuales alrededor de 12 mil personas en todo el país.
El programa de adultos mayores llega a cerca de 12 millones de personas. Esto es el doble que pensionados por la formalidad laboral. Por lo que al ser una pensión universal, el 50% de personas que reciben este apoyo no formaron parte de la formalidad laboral.
En síntesis el 97% de los adultos mayores en México tiene pensiones modestas y por lo tanto la fuerte presión social y económica que cada año tendrán sobre las finanzas públicas. El presupuesto para el año 2024 será del orden de 500 mil millones de pesos. Ese monto refleja el esfuerzo que cada año deberá hacer el contribuyente para generar flujo para mantener los programas sociales en los próximos años sin que se genere deuda pública sin control.
El tema de programas sociales y subsidio a gasolinas en este 2023 será del orden de 1 billón de pesos, recursos que provienen del contribuyente o sea de todos los que pagamos impuestos ya sea en el ISR o en el consumo con el IVA. Esos apoyos han sido factor para contener la inflación a medias y apoyar el consumo Interno. Pero no sé invirtieron en salud, infraestructura y calidad educativa o infraestructura fuera de las obras emblemáticas del actual Gobierno.
La pensión universal se entregara a partir de los 65 años y el monto seria por 3 mil pesos mensuales a partir de 2024. El medio dispersor y de control es el Banco del Bienestar, no por eficiencia de la entidad sino por obediencia y necesidad de los beneficiados.
Las zonas donde habitan principalmente los que recibieron apoyos de pensión universal son la metropolitana de CDMX con el 20%, Veracruz con el 8%, Jalisco el 7%, Puebla el 6%, Guanajuato el 6%, Michoacán el 5%, Nuevo León el 4%, Chiapas el 4%, Guerrero 3%. Es decir, en 10 entidades está el 70% de la asignación de los recursos y el 30% restante entre los diferentes 22 estados.
Aun así, existen más de 3 millones de adultos mayores que no reciben pensión universal por no estar inscritos por diversas limitantes o estar en zonas altamente marginadas.
La Pensión Universal esta por decreto de Ley, e involucró cambios en la legislación del IMSS, de la Ley Federal del Trabajo, del ISSSTE y de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Los Recursos están presupuestados, por lo que la recaudación y la disciplina fiscal son básicas e indispensables para no generar presión en las finanzas públicas.
En México el sistema de pensiones se compone de pensiones contributivas y no contributivas. La pensión contributiva se otorga a adultos mayores que realizaron contribuciones durante su vida laboral para acceder a una pensión. La pensión no contributiva se otorga a adultos mayores que no contribuyeron o lo hicieron muy poco durante su vida laboral para tener una pensión.
La población económicamente activa (PEA), tiene un componente del 60% en la informalidad, en ese grupo está un componente importante de profesionales independientes (subempleo en la informalidad, oficios diversos, ayudantes de todo tipo, pero destacan profesionistas que no facturan como abogados, dentistas, médicos, ingenieros, arquitectos, incluso notarios, por citar algunos).
La economía informal es un elemento negativo en el desarrollo de México, pues los sueldos bajos en general, han provocado que el trabajador no valore las ventajas de sus prestaciones sociales, por lo mismo no valoran el componente adicional económico que los patrones aportan adicional al sueldo como son el IMSS, INFONAVIT y AFORE.
En los 70´s, México tenía una población de 48 millones de habitantes, en 50 años hemos triplicado la población, destaca que en tan solo 20 años duplicamos la población, eso fue principalmente en el periodo de las décadas de los años 80s y 90s.
Ello es la razón también por la cual los servicios financieros serán aceleradamente orientados a medios digitales y que los usos y costumbres financieros cambiarán los próximos 5 años para toda la población.
En México al cierre de 2022 superamos las 125 millones de líneas telefónicas celulares, el 80% son de prepago, con ese dato México se ubica en la 10a posición mundial en número de líneas celulares. Por lo que las aplicaciones móviles para servicios y venta serán la constante en todos los estratos socioeconómicos.
El factor de la variación real del poder adquisitivo del salario mínimo (inflación vs salario mínimo), nos explica que los sexenios de José López Portillo a Enrique Peña Nieto, fueron negativos, con un promedio anual negativo del 25% por debajo de inflación en siete sexenios. En el actual eso se ha revertido con un aumento acumulado al salario mínimo del 135% en estos 5 años de gobierno de López Obrador.
En el presente sexenio, hasta ahora, el precio de la gasolina, la inflación y el tipo de cambio se han mantenido estables, a pesar del bajo crecimiento económico acumulado promedio, el factor reservas que superan los 200 mil millones de dólares, le dan estabilidad al tipo de cambio y al precio de la gasolina. Sin embargo, este gobierno no puede logarlo sin la inversión productiva y ahí debe cambiar hacia la cómo conciliar intereses con el sector privado nacional.
Los gobiernos centralistas con un solo hombre profeta o con la integración de malos equipos de trabajo, donde prevalecen los grupos afines y familiares. Son los que le han costado al país en los casos de cada administración. Sin embargo hay corresponsabilidad por consentirlo y no razonar en las urnas y en la exigencia de la rendición de cuentas pública sin excepciones.
El sector financiero de capital nacional debe ser el principal aliado a los intereses económicos de México, Banco de México debe asumir también mayor responsabilidad y comprometerse en resultados del crecimiento económico y la generación de empleos formales. La Banca de Desarrollo está en una encrucijada, seguir siendo caja chica para proyectos sexenales o en verdad ser parte del proyecto de reactivación económica del país. Debemos generar una verdadera cruzada nacional por formalizar el empleo, aun con salarios modestos, pero las prestaciones serán fundamentales para la población en los próximos años.
El debate serio, de ideas con fundamento y claridad es lo que el ciudadano espera de opositores y gobierno, convencer con ideas, subir el nivel es fundamental, prepararse con datos históricos, actuales y proyecciones.
Lo económico es fundamental y ningún programa social funciona sin un generador de ingresos productivos constantes y no solo acciones recaudatorias sin incentivar al que invierte productivamente.
De igual manera el Poder Judicial que no ayuda solo dilata los asuntos en especial civiles y mercantiles y que es protagonista de escándalos de diverso tipo, en vez de ser el factor de credibilidad en un estado de derecho oportuno y justo.
Ahora que todos somos pro nearshoring y estamos en la oportunidad no creada por nosotros mismos sino por el entorno global, nos vuelve a sonreír la fortuna para generar inversión productiva en diferentes regiones del país que cuentan con mayor y mejor infraestructura y capital humano.
No falta desde luego el obstáculo de rollos nacionalistas para fomentar burocracia e ineficiencia o bien el exceso en la especulación Inmobiliaria y sobre oferta que luego nos deja inmuebles comerciales y de oficinas desocupados por mala planeación. Se trata pues de equilibrios, de adecuada información y razonadas decisiones con oportunidad.
Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx