Que actualmente el 60% de los trabajadores formales se encuentren en pobreza alimentaria se debe a múltiples factores económicos que lo han determinado por décadas, como los bajos salarios, el control sindical charro, la inflación, pero dos factores fueron totalmente devastadores: el aumento miserable a los salarios mínimos (que puso el piso a los salarios tabulados) y la subcontratación.
La subcontratación abarcó casi 8 millones de trabajadores en su momento de mayor auge, es decir, la tercera parte de la fuerza productiva del país., quienes laboraban en su mayoría eran contratados con salario mínimo, con prestaciones de ley, siendo despedidos a final de los años, sin estabilidad en el empleo, sin generar antigüedad, sin posibilidad de pensión digna del IMSS y crédito Infonavit por cotizar el mínimo, trabajadores condenados a ningún futuro.
Pero cómo se logró forjar ese entramado degradante de los trabajadores si se supone que hay una Ley Federal del Trabajo que los protege y tribunales laborales, y una Suprema Corte que vela por los derechos humanos., la respuesta es muy sencilla de encontrar, pues todo el aparato jurídico nacional operó para que los trabajadores no tuvieran protección ante los abusos de la subcontratación.
El truco que armaron las empresas era muy sencillo, pero por lo mismo muy eficiente, la empresa que contrataba a los trabajadores en outsourcing le daba una factura a su cliente, la empresa real que produce bienes o servicios, cuando despedían a un trabajador, demandaban a las dos empresas, porque la primera, la de outsorcing, lo había dado de alta en el IMSS, pero el trabajador realmente prestaba sus servicios en las instalaciones de la otra empresa cliente, el asunto es que la empresa de outsourcing vendía la protección legal y al comparecer a juicio decía ser la única responsable de la relación laboral, por otro lado, la empresa cliente, negaba toda relación con el trabajador, como todos los papeles legales estaban a nombre de la primera siempre terminaban condenando a la outsourcing y liberando de responsabilidad a la empresa cliente.
Y aquí entró la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cerrar la pinza en favor de los patrones, de las empresas de subcontratación, cuando en 2017 sacó la jurisprudencia Laboral Tesis: 2a./J. 20/2017 (10a.) Página: 1319 RELACIÓN DE TRABAJO. PARA DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS EN QUE SE NIEGA Y SE ATRIBUYE A UN TERCERO, DEBE EXAMINARSE SI EXISTE O NO UN VÍNCULO JURÍDICO ENTRE ESTE ÚLTIMO Y EL DEMANDADO.
Con este criterio le cargaban al trabajador todo el peso de acreditar que existía una relación entre la empresa de outsourcing y la empresa que la contrataba, lo que en el 99% de los casos no se podía acreditar y los trabajadores terminaban perdiendo los juicios. Los ministros que aprobaron este criterio fueron Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. Se perdieron cientos de miles de juicios laborales por parte de los trabajadores por estos criterios.
No dejamos de señalar que cuando fue la reforma de 2012 de Calderón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la reforma de los artículos 15´s que legalizaron la subcontratación en México era constitucional, por lo tanto, totalmente legal.
Pero el día 14 de junio de 2023 publicó en sus redes sociales la Suprema Corte que ahora se vuelve garante de los derechos de los trabajadores porque la subcontratación vulnera sus derechos, cuando en realidad no ha sido con criterios jurisprudenciales el cambio en la materia de subcontratación, sino con cambios legislativos impulsados por la actual administración federal.
Esta es la realidad laboral que viven los trabajadores, afortunadamente hoy se discuten y se les levanta la toga a los ministros, se ventilan los asuntos, poco a poco iremos bajando la discusión a las asambleas obreras de estos temas para que se conozca más la realidad de cómo pasan realmente las cosas, que no nos quieran vender espejitos y cuentas de vidrio, pues a la clase trabajadora tienen muchas cuentas que rendir.
Twitter: @riclandero
Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la UNAM