Lo prometido es deuda; dije que les informaría de este resultado, y aquí estoy para ello. Puntalmente nos conectamos a la asamblea de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA de México) a la hora convocada (10:00 AM). Dentro de los asistentes, por supuesto estaba el sobrecargo jubilado Iván Enríquez, personaje que en tiempos recientes ha obtenido protagonismo al autonombrarse “vocero” de los clientes o representados del abogado Juan Iván Peña Neder. Al iniciar la asamblea, este vocero solicitó una moción de orden, para destacar que, según su propia percepción, la asamblea era ilegal, y por lo tanto impugnó su legalidad.
En aras de seguir con su falaz narrativa, este compañero argumentó que el formato de la asamblea no era el correcto, y pidió que no fuera “Asamblea General”, sino “Juntas Particulares”, ya que en la primera de las mencionadas acuden y pueden votar todos los agremiados, y en la segunda opción solo podrían hacerlo los de Mexicana de Aviación, pues es a los que directamente nos compete el tema. Pero Iván olvida (o premeditadamente omite) que cerca de 800 sobrecargos que actualmente trabajan en Aeroméxico, siguen siendo sobrecargos de Mexicana, pues no han sido liquidados.
La Secretaria General del Sindicato de Sobrecargos, Ada Salazar, explicó cómo se llegó a la convocatoria de la Asamblea: fue a petición de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de ya darle una salida a la oferta hecha por el Gobierno Federal.
En la Asamblea estuvo presente Alejandro Salafranca, Subsecretario del Trabajo, quien aclaró que su presencia ahí era para resolver todas las dudas generadas por el anuncio del gobierno acerca de la fecha límite para ponernos de acuerdo entre los trabajadores, y la subsecuente venta de los bienes y la marca.
Dicho subsecretario hizo un apretado resumen del periplo recorrido antes de llegar a la propuesta gubernamental. Lo único que no ha cambiado es la intención del Gobierno Federal darle una salida al caso de Mexicana. Se hizo un avalúo, y al ver que la marca arrojó un precio bajo, para subir la bolsa a repartir entre los trabajadores, se tomó la determinación de también vender algunos bienes. Finalmente es una realidad que entre más pase el tiempo, los bienes de la compañía aérea menos valen.
También habló de la fórmula a la que se llegó para la repartición del dinero: la base es el último salario devengado, y a los jubilados se les iba a considerar como activos con el monto de su última pensión para hacer el cálculo. Habló del abogado Juan Iván Peña que representa a un grupo de no más de 200 jubilados quienes se oponen a esta fórmula de repartición.
Una verdad jurídica es que los sobrecargos jubilados están siendo representados -les guste o no- por el Sindicato, ASSA de México. El argumento de este grupo de inconformes es que ellos tienen un laudo ganado y bajo el silogismo de “primero en tiempo, primero en derecho”, no han permitido que se concrete la venta.
Han interpuesto una serie de amparos para que las suspensiones provisionales impidan que la venta llegue a buen puerto; lo tragicómico es que no se oponen a la venta, lo que no les gusta es la forma de repartir el producto de la misma. El Subsecretario Salafranca explicó que los beneficiarios de los bienes y la marca son los trabajadores, y expresó los alcances legales y cómo funciona lo que se denomina “levantar el embargo”.
Entonces Salafranca repitió lo que dijo cuando la de la voz lo entrevistó: que una vez vendida marca y bienes, el dinero se iría a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la que acudiríamos cada trabajador a recibir lo que nos corresponda, de acuerdo a la fórmula de pago presentada por los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores.
Explicó que el Presidente quiso saber si la oferta que hizo su gobierno fue bien acogida o no por los trabajadores, ya que no buscan ser un problema más, sino están tratando de resarcir aunque sea un poco, porque quien nos debe, no es el gobierno, es Mexicana de Aviación, y yo añadiría: Gastón Azcárraga.
Es un hecho, si el sistema judicial de nuestro país fuese prístino y funcionase como una maquinaria de reloj suizo, sin duda alguna yo misma les recomendaría seguir la ruta jurídica. Si funcionara, el dueño que cometió una quiebra fraudulenta estaría en la cárcel purgando su condena; Grupo Posadas y los accionistas habrían respondido a los trabajadores dándoles su liquidación recién sucedió la quiebra. Si el Estado de derecho imperara, no se habría vendido en mil pesos las acciones de la aerolínea a una entelequia fabricada al vapor por el abogado Jorge Gastelum: Tenedora K.
Sin embargo, ese país ideal no existe, y nuestro sistema judicial está muy lejos de ser un ente que imparta de manera imparcial la justicia, pronta y expedita que dice la Constitución; aquí los jueces litigan a favor de las élites y nosotros somos simples trabajadores proletarios que no podemos pagar para recibir bondad y justicia.
Finalmente, la Asamblea General del Sindicato de Sobrecargos terminó girando en torno de los amparos interpuestos para impedir la venta de la marca y los bienes, en lugar de lograr un acuerdo entre los trabajadores. El grupo representado legalmente por Juan Iván Peña Neder, no se movió de su postura inicial: no quieren retirar su recurso jurídico.
¿Qué les puedo decir?, a pesar de las muchas vueltas que dio la discusión, no hubo manera de llegar a ningún lado. El vocero Iván Enríquez en todo momento haciendo un patético espectáculo frente al Subsecretario, mientras invirtió mucha energía tratando de contrarrestar los argumentos del compañero Fausto Guerrero, su antagonista desde que la AJTEAM le revocó la representación legal a Peña Neder, tras dejarlos abandonados en su caso.
Salafranca dijo que el embargo que existe es sobre la marca, y no sobre los bienes. Aclaró el tema de la venta del edificio de Guadalajara, y ante la impotencia de varios de los asistentes que sí quieren aceptar la propuesta del gobierno, un compañero preguntó si se podría dar una prórroga. A lo que el Subsecretario respondió que Luisa Alcalde ya había hablado de este tema con los sindicatos, pero que el gobierno requiere de certeza, no quieren poner más plazos, sino llegar a un acuerdo.
Fausto Guerrero no podía quedarse al margen y habló de la revocación al abogado Juan Iván Peña Neder y de la prescripción de su laudo, dejando claro que el grupo representado por el abogado no tiene ningún embargo pero que está interponiendo amparo tras amparo con la única finalidad de impedir que se concrete la venta.
Hay que ser muy puntuales, cada día que pase, tanto la marca como los bienes valen menos. Este es el momento de vender, porque la ruta jurídica se puede continuar, indudablemente, pero para aceptar la propuesta gubernamental se requiere el desistimiento de los amparos.
En el auditorio del sindicato se hizo una exposición mediante diapositivas explicando cuál es el criterio para la realización de la dispersión: la antigüedad, la última nómina, el cargo y el estatus, es decir, si es sobrecargo activo o jubilado.
La venta beneficiará a 6,500 trabajadores en activo, 1400 de ellos pertenecen a Mexicana de Aviación, 650 jubilados y 301 de Click, lo que da un total 2,351. Esa es la cuarta parte (25%) del total de los trabajadores de Mexicana. Se mostró además un cálculo -tanto para sobrecargos activos como para jubilados-, Salario Tabular, Previsión Social, Despensa, Gasolina, Fondo de Ahorro, Prima Vacacional y Aguinaldo, tres meses de salario para los activos. Para Click, Salario tabular, despensa, fondo de ahorro, prima vacacional y aguinaldo; y jubilados despensa y gasolina.
Mi pecho no es bodega; ya en una ocasión anterior les compartí cuánto me tocaría de concretarse la compra-venta; en mi caso personal, con 12 años de antigüedad y un salario de poco más de 14 mil pesos, me tocan aproximadamente 50 mil pesos. “Mucho o poco”, dependiendo del cristal a través del que se mire.
Después de más de dos horas, Iván Enríquez continuó con su espectáculo que rayaba en lo “decadente” ante una asamblea ya hastiada y molesta por la necedad de no querer retirar los amparos. Siguió discutiendo que el sindicato (ASSA) tiene una demanda de tercería en contra del laudo de los jubilados, para que una autoridad diga quién tiene mejor derecho, si los jubilados o los trabajadores activos. Pero deben ustedes saber, amables lectores, que existen 300 laudos en el caso de Mexicana, y hay cinco amparos deteniendo la venta de la marca y los bienes, los cuales pertenecen al grupo defendido por Peña Neder.
El tercer punto de la asamblea versó sobre otorgarle a la Secretaria General un Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio. Con 51 votos a favor se pudo tomar dicho acuerdo. En contra hubo 28 votos presenciales y 10 mediante el uso de cartas poder (previsto y aceptado en los estatutos del Sindicato).
Finalmente a la 13:45 horas, con 96 sobrecargos de manera presencial y 135 de manera virtual, se dio por clausurada la asamblea. ¿Qué sigue? Primero creo pertinente decir que el propio gobierno, en voz de Salafranca, aclaró que los amparos interpuestos por este grupo de sobrecargos jubilados son solo referentes a la marca; respecto a los bienes no existe ningún amparo interpuesto, por lo que no hay impedimento legal alguno para su venta.
Ahora, con el poder otorgado a la Secretaria General, se busca darle una salida a este complicado entuerto en el que estamos sumergidos. Lo he dicho antes: los sobrecargos jubilados pertenecen al sindicato y las decisiones en nuestro estatuto se toman en asamblea y por mayoría. No hay mayor ciencia; tenemos un acuerdo aceptado precisamente por esa mayoría para vender la marca y los bienes al gobierno. Cualquier otra cosa, solo son ganas de tirar la venta. Seguiremos atentos al desenlace.