Entre los conceptos con más carga histórica en la edificación de la nación se encuentra el de soberanía, pues está asociado al surgimiento del México independiente; de ahí que su sola referencia deviene en alusión a una causa que se pretende incontrovertible; por tanto, llamada a concitar la adhesión y el consenso social.
¿Quién puede estar en contra de la defensa de la soberanía, especialmente en la trama de un país como el nuestro que padeció intervenciones e invasiones por parte de otras naciones, y que perdió más de la mitad de su territorio en manos de nuestro vecino del norte? Cierto, la soberanía forma parte del fundamento para reclamar la no intervención, respeto como país, igualdad de derechos en la interrelación con otras naciones y solución pacífica de las controversias.
Por su parte, la amarga experiencia de las confrontaciones bélicas mundiales condujo al imperativo de ordenar la convivencia entre las distintas naciones para garantizar la paz, a partir de las normas del derecho internacional y de los organismos creados para tal efecto, así como de una extendida práctica para suscribir convenios y convenciones que obligan su observancia a las partes que los celebran.
De alguna manera, nuestra tesis ha sido la de sustituir el belicismo por la negociación y el acuerdo, admitiendo la capacidad que tiene cada país de darse su propio gobierno conforme a la decisión soberana emanada de la libre voluntad del pueblo. Concomitante con ella, la dimensión externa de una soberanía que pretende un arreglo pacífico entre las naciones para resolver sus diferendos. En el ámbito interior, implica la libre determinación del pueblo para darse sus propias leyes y gobierno, sin interferencias externas (la llamada soberanía westfaliana).
Ambas dimensiones de la soberanía, la externa y la interna, producen una simbiosis compleja que sirve de escudo para combatir afanes intervencionistas; pero también ofrece, en el plano extremo o radical, argumentos para contravenir a la crítica proveniente del exterior, y así eludir reclamos y peticiones, y en cambio mantener decisiones discrecionales; en su caso, preservar posturas autoritarias y prácticas de impunidad, con la idea de así estar fuera del escrutinio internacional.
Por eso, la propensión hacia una soberanía dura e impenetrable en las decisiones internas tiende a ser un recurso empleado por las dictaduras y los autoritarismos, ya que aporta una racionalidad que valida la política interior por encima de las deficiencias, excesos o extravíos en que incurra. Implica recurrir a una soberanía devenida en simple recurso retórico para repudiar las impugnaciones o los señalamientos críticos, desde la consideración de que sirven a los afanes intervencionistas o injerencistas del exterior.
En la práctica, el ejercicio que hemos hecho de la soberanía igual aporta elementos de juicio para inobservar prácticas de violación de los derechos humanos por parte de otros países, como también para repudiar y romper relaciones frente a quienes asumen comportamientos que se reportan como inadmisibles. Nuestro proceder soberano puede servir para condenar hechos violatorios de derechos o para evitar pronunciarse ante los mismos, dependiendo del país de que se trate.
De igual forma, de cara a nuestra disposición de colaboración con los Estados Unidos, el gobierne propende, por igual, ser laxo o permisivo para entregar reos y detenidos a ese país por una vía expedita, o bien para resistir solicitudes de detención con fines de extradición que se nos formulan hacia connacionales. Ambas posturas han sido adoptadas por el oficialismo a pesar de ser contradictorias y opuestas.
Aunque reiteradamente el gobierno ha señalado que los procesos judiciales y la persecución del delito nada tienen que ver con la filiación política de los posibles imputados, es evidente que cuando se ha tratado de funcionarios vinculados al morenismo, el gobierno se manifiesta renuente a conceder las solicitudes de extradición que se han recibido (en este caso), de parte del gobierno norteamericano.
La solidez y congruencia de los argumentos que son empleados para sustentar una postura renuente a conceder las peticiones de extradición, palidecen por la inconsistencia en las respuestas del gobierno y, especialmente, frente a los claros indicios de vinculación con la actividad del narcotráfico por parte de las personas cuya extradición ha sido reclamada.
¿Cómo negar los sucesos que acompañaron las elecciones de Sinaloa en 2021 respecto de la intervención del narcotráfico para beneficiar la candidatura de Rubén Rocha? Qué difícil separar a su equipo de la complicidad y beneficios de arribar al poder en un contexto de ampliación de la criminalidad. Cabe preguntar ¿cuándo el gobierno protege al exgobernador Rocha Moya, a quién y qué defiende?
El gobierno de la república niega la extradición del extitular de la administración sinaloense, y de las personas allegadas a él que han sido incorporadas en la solicitud en cuestión; se exhibe así no la defensa de la soberanía, sino complicidad con quienes se considera ligados al narcotráfico.
Las inconsistencias que el oficialismo ha dado a sendas solicitudes de licencia al gobierno por parte de Rubén Rocha Moya son evidentes; la primera ocasión, un respaldo total y expreso del partido en el gobierno a esa determinación; mientras que la segunda vez, ante su retorno al cargo, un largo silencio y pasmosa distancia ante tal determinación. Parece que la complicidad expuesta al principio se ha debilitado de cara a los datos y testimonios cada vez más abrumadores de los nexos sostenidos con el narcotráfico; por eso mismo, la intención del principal implicado de buscar el refugio que brinda el fuero, mientras el gobierno demanda respeto a una soberanía devaluada por sus propias actitudes.